Se cumplieron 10 años de la brutal represión que ordenó el entonces gobernador del Estado México y actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, a pobladores del municipio de San Salvador Atenco. Sin embargo, las atrocidades y la represión que sufrieron hombres y mujeres del Estado de México, no se limita a castigo sufrido por defender su tierra hace una década, ya que desde que Vicente Fox anunció en 2001 la construcción del “nuevo aeropuerto” de la Ciudad de México, el hostigamiento contra estos pobladores del Estado de México no ha cesado. Represores han sido muchos: Arturo Montiel en 2001-2002, Enrique Peña Nieto en 2006; Andrés Manuel López Obrador, en 2002 (tras las manifestaciones hacia el Zócalo capitalino); obviamente, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes auspiciaron, permitieron, avalaron y actuaron contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). De este modo, la defensa de la tierra ha sido una piedra en el zapato de varios representantes de los partidos políticos en el poder, sin embargo, está no está concluida y el gobierno priista de Peña Nieto y de Eruviel Ávila Villegas lanzan una nueva ofensiva contra la población.

Los pueblos de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo han sido víctimas de diferentes gobiernos federales (panistas y priistas), así como de los propios gobernantes estatales (priistas todos) tras la defensa de sus tierras. La necesidad de hacer frente al gobierno federal y defender el derecho de la propiedad obligó a pobladores y ejidatarios del Estado de México a luchar para salvaguardar el patrimonio de 4 mil 375 familias, y contra el decreto expropiatorio del gobierno de Vicente Fox, el cual devaluaba el valor de la tierra al ofrecer 7.20 pesos por cada metro cuadrado de temporal y 25 pesos en las tierras de riego. En contraste con el miserable precio de la tierra, la derrama económica por la construcción del aeropuerto ascendía a 77 mil millones de pesos y podía crecer hasta 300 mil millones con la operación del aeropuerto.

Conforme la movilización de los ejidatarios constituidos en el FPDF, estudiantes y trabajadores aumentaba, también el Estado perdía la posibilidad de expropiación de los terrenos en el ámbito legal. La represión fue el arma del Estado ante las demandas legales de los pobladores. El gobierno de Arturo Montiel sostenía enfrentamientos con los defensores de la tierra. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también reprimió a los trabajadores del FPDT, al igual que la Policía Federal Preventiva (PFP) bajo el mando de Vicente Fox.

Esa primera ola de represión concluyó con la derogación del decreto y la liberación de los líderes del FPDT. Sin embargo, la represión no quedó como un lamentable dato histórico, sino que continúo. La organización popular y la exigencia del cumplimiento de las demandas del FPDT fueron detonantes para que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, continuará con la represión.

Tras el enfrentamiento con fuerzas policiacas, el 3 de mayo de 2006, después de un desalojo de vendedores ambulantes en Texcoco, Peña Nieto sitio con más de 3000 elementos de la PFP y de la policía estatal por más de 10 horas al municipio de Atenco. Dos muertos Javier Cortés (de 14 años) y Alexis Benhumea, más de 50 heridos, más de 200 pobladores detenidos, así como 26 mujeres violadas por policías. La violación de derechos humanos fue y ha sido el sello de Enrique Peña Nieto, desde su gubernatura en el Estado de México hasta la presidencia de la república.

La brutalidad policial, tanto federal como estatal, se instauró como el inicio de la política de Estado del ahora jefe del Poder Ejecutivo federal en el país, pero también la continuación de la represión en el propio Estado de México, donde continúa la necedad de Enrique Peña Nieto por imponer el aeropuerto en los municipios que propuso Vicente Fox, como un acto simbólico del ejercicio de poder soberano que tantas vidas ha costado a esta nación en lo que va del sexenio. 

Tal parece que la brutalidad es un fantasma que ronda nuevamente en el Estado de México. La amenaza del “nuevo” aeropuerto confronta a los pueblos con el gobierno, quien vuelve a utilizar el argumento “legal” para reprimir a los pobladores organizados. Ahora, el gobierno de Eruviel Ávila busca legalizar la represión y el asesinato con la “Ley Atenco”, la cual permite el homicidio legalizado por agentes de Estado.

Represión es la respuesta del gobierno federal y estatal a pobladores organizados que luchan por la defensa de la tierra, de la historia, de la dignidad.

Picaporte

El dólar de nuevo por las nubes. ¿Qué hacen los señores Carstens y Videgaray con el peso? ¿Política económica equivocada o malas decisiones? Ahora, ¿habrá mayor inyección de reservas para frenarlo? México, mal y de malas.