En documento establecido que sintetiza consultas nacionales respecto a temas de juventud en doce países de Latinoamérica claramente sobresale la educación como una prioridad para el desarrollo de todos los jóvenes. Dentro de las sugerencias destacan ampliar la cobertura educativa pero al mismo tiempo incrementar la calidad de la misma. Además, se identifica la necesidad de apoyos especializados hacia los sectores más vulnerables para evitar deserción escolar y a la vez facilitar la búsqueda de empleo. Por otra parte, también se resalta la importancia del involucramiento de los padres de familia en la supervisión presupuestaria para incrementar la transparencia y eficacia de la inversión de los fondos disponibles. Finalmente, en el documento se reconoce el crucial rol que tienen los maestros en el proceso educativo y se sugiere capacitarlos y dotarlos de mejores herramientas educativas, así como también mejorar sus condiciones laborales.

Siendo la educación la prioridad número uno para fomentar el desarrollo en los jóvenes en los países consultados, donde por supuesto se encuentra México, se puede notar que las asociaciones, organismos y sociedad civil que participaron en este diagnóstico no están pidiendo programas asistencialistas de ningún tipo; sino que al contrario, están exigiendo las herramientas y oportunidades necesarias para que los jóvenes comprendan la compleja realidad en que vivimos para luego transformarla y así promover el desarrollo para todos.

Esta premisa de empoderamiento eleva la condición del ciudadano pasando de espectador a protagonista, de votante a participante; además refleja la evolución de la tradicional percepción de la democracia en la región como un simple proceso para elegir a representantes públicos, a una forma de organizar a las sociedades en el que el aparato público tiene como misión principal garantizar las libertades y derechos mínimos para que sus ciudadanos se desarrollen y vivan plenamente.

Sin duda estos insumos serán fundamentales para establecer las prioridades de desarrollo a nivel global, pero también para orientar las políticas y consensos necesarios en la atención de demandas sociales con un amplio protagonismo de la juventud en nuestro país, su respuesta en la atención de este y otros derechos y servicios básicos sin duda será fundamental en el devenir de la gobernabilidad democrática.

De esta manera, me parece que debemos de priorizar desde el gobierno federal, estatal y municipal lo que se puede otorgar para la sociedad civil, y en particular para las y los jóvenes, una oportunidad para participar en la discusión global que viene impulsando Naciones Unidas y la propia sociedad civil en todo el mundo. Una oportunidad que no se puede dejar pasar. La conjunción de esfuerzos colectivos y el eco que de los mismos puedan reflejar los gobiernos en la región marcarán un antes y un después, o una oportunidad perdida. Las y los jóvenes tienen también la responsabilidad compartida desde nuestro accionar y de participación para sumarse a un proceso de construcción de una agenda global, regional, nacional y local que permita superar los factores estructurales de inequidad y pobreza que todavía aquejan a nuestras sociedades.