No tardó un solo día, desde que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) avalara una de las tantas reformas neoliberales de Enrique Peña Nieto, la educativa, cuando el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunciara la represión contra el magisterio de la entidad. Más vale la palabra depositada de un gobernador lacayo al servicio del gobierno federal, como lo es Aureoles, que el autoritarismo que muestra en su discurso y el anuncio de la represión a los profesores de su entidad.  

En un discurso tajante y claro, Silvano Aureoles mencionó en conferencia de prensa que ante los escasos días con los que cuentan los docentes para registrarse a la valoración de sus “competencias para la enseñanza” y la poca participación en el registro que:

“[…] la otra vía, de no hacerlo, es perder su plaza. Y, yo no sé si se llame así el uso de la fuerza, pero no les voy a volver a permitir que bloquien [sic] la autopista. Cuidaremos todos los protocolos, el diálogo, pero el tiempo se acabó y vamos a respetar escrupulosamente las garantías y los derechos, pero no vamos a permitir que sigan afectando a terceros como lo vienen haciendo hasta ahora. Ni bloque de autopista, ni secuestro de camiones, ni secuestro de autobuses. Y no es ninguna amenaza, es en serio y, ojalá que moderen sus actitudes los maestros y los jóvenes”.

El gobernador michoacano y miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), emitió un mensaje autoritario y cínico en el que amenaza con reprimir a toda aquella persona organizada que bloquee el paso en las carreteras del Estado, ya que afectan a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Los empresarios que reciben las concesiones del gobierno federal con quien comparte ciertas ganancias directas o indirectas. Esto debido a que en México la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación permiten el esquema concesionario de carreteras vigente hace posible una asociación financiera de carácter público-privado en donde los recursos públicos permiten que el resto de la inversión sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro de un plazo de concesión, como el pago de cuentas por cobrar del gobierno federal y percibir Pagarés de Indemnización Carretera (PIC’s), los cuales se cotizan diariamente en el mercado mexicano de capitales, reconociendo la fluctuación en las tasas de descuento derivadas de la inflación. De esta manera, el argumento presentado por Aureoles Conejo, no hace referencia al tránsito vehicular o a quienes viajan en transporte público, sino a los intereses que importan a él, a su partido y al gobierno federal.

Otros posibles terceros son los que exigen armonizar la reforma en todas las entidades, avalar las cinco zonas (concordantes con zonas económicas y de seguridad, pura casualidad) y calmar a la disidencia que todavía se enfrenta al gobierno federal y los gobiernos estatales ante la falta de legitimidad de su tan cacareada renovación en materia de educación. ¿A cambio de qué traiciona a su pueblo señor gobernador Aureoles? ¿Lo amenaza el gobierno federal y usted replica el ultimátum con su pueblo?

Por otra parte, la amenaza del gobernador de Michoacán violenta el artículo 9º constitucional, el cual refiere al derecho de asociación y manifestación. La Carta Magna establece:

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Algo que distingue a los gobiernos democráticos es el respeto a los derechos humanos y, el ejercicio de la libre manifestación es uno de ellos. Cabe señalar que ningún derecho está por encima de otro, de tal manera que la libertad de tránsito no supedita a la libertad de manifestación. Por otra parte, el Poder Ejecutivo de la entidad no es quien para permitir o no el ejercicio de un derecho fundamental. El gobernador carece de soberanía sobre el mandato constitucional y no puede decir que: “[…] no les voy a volver a permitir que bloquien [sic] la autopista […]”, a menos que violente el orden estipulado en la Constitución Política y en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.

Asimismo, el cinismo con que menciona que “[…] Cuidaremos todos los protocolos, el diálogo, pero el tiempo se acabó y vamos a respetar escrupulosamente las garantías y los derechos […]”, mencionado antes de un “pero” referentes al uso de la fuerza pública para proteger un derecho en detrimento de otro, es una clara amenaza a la población de su entidad federativa.

Michoacán ya tiene suficientes problemas, como el narcotráfico, el uso del Ejército para amedrentar a la población, grupos paramilitares financiados por los gobiernos estatal y federal que combaten a las policías comunitarias legítimas, así como flagrantes violaciones a los derechos humanos, como para que el gobernador del Estado lance otra amenaza de violación de los derechos fundamentales sin ningún tipo de consciencia, pudor o vergüenza de lo que ello implica para el país.

En la exigencia de cualquier derecho ninguna persona debe moderarse y mucho menos ante la amenaza del uso de la violencia de un “representante” y de un “servidor público”. Del mismo modo, un servidor público no debe siquiera insinuar que se modere el pueblo en el ejercicio de sus derechos, a menos que sea un fascista que amenaza con el uso de la violencia, de la fuerza pública para reprimir deliberadamente a su pueblo. No queda más que responsabilizar al gobernador del Estado de Michoacán de la represión y la sangre que se pueda presentar en su entidad y, por favor, gobernador Aureoles no salga con el pretexto de la defensa de la ley y los derechos de terceros (al puro estilo priista y panista que buscan administrar las manifestaciones o ilegalizarlas), que estos últimos no se sabe bien a bien quiénes son: el pueblo, al que va a reprimir, o sus amigos que lo llevaron al poder. Finalmente, ¿el mensaje está evidenciando la falta de voluntad política por parte del gobernador? ¿de qué lado debe estar: de sus representados o del gobierno federal? La izquierda institucional vuelve a mostrar de qué lado está y no es de la del pueblo.

Picaporte

Qué curioso, en una semana un documental hecho por el Estado para legitimar y meter con calzador en la opinión pública su “verdad histórica del caso Ayotzinapa”, el respaldo de la Conago al Ejecutivo federal y que el 80.7% de los mexicanos del Centro y Norte del país dicen que tienen una “alta satisfacción con la vida”. Pues muchos estamos al Sur, muy al Sur y no creemos tener motivos para sentir esa satisfacción. Puras casualidades.