Esta semana comenzó intensa en el ambiente político por la propuesta de incluir en la reforma energética la absorción de parte de los pasivos laborales (pensiones básicamente) de PEMEX y CFE. La reacción natural de todos los que se oponen a esta reforma fue de rechazo y se tomó como una ofensa más a todos los mexicanos, incluso se le llamo el nuevo FOBAPROA. Creo necesario hacer un par de precisiones para que el discurso de quienes están en contra de esta acción sea productivo y no simple retórica.

El primer hecho es que esto no pude ser un FOBAPROA porque las empresas que tenemos ahora en esta situación son empresas del Estado, lo que conocemos como paraestatales, y no bancos privados por lo que no estamos adquiriendo nueva deuda, PEMEX al ser del Estado Mexicano esta soportada por el mismo; es decir que quienes están en contra de esta acción no reconocen la propiedad del Estado sobre PEMEX. El segundo hecho es que esta acción, sí se lleva a acabo de manera disciplinada por parte del Estado, puede evitar en un futuro recortes de gasto por una posible insuficiencia de pago por el dueño de estas empresas que, como lo mencionamos, es el mismo Estado. No nos dejemos sorprender, el gobierno federal tiene aprobado en presupuesto aproximado del 2.8% del PIB para el pago de pensiones y éste se reparte entre las entidades de control presupuestario directo (IMSS, ISSSTE, CFE, PEMEX) y el gobierno federal a través del ramo 19 que se conoce como Aportaciones a Seguridad Social. El Gobierno de la República tiene muy en claro que las empresas hoy citadas deben buscar ser productivas y para eso ha tomado no sólo la medida de aligerar sus pasivos laborales para que puedan tener mayor inversión en infraestructura productiva sino que, además, le ha dotado de libertad en todos los sentidos para que ellas puedan tomar sus mejores decisiones. Un último punto respecto a esto. Esta reforma está acompañada de cambios que deben darse en los sindicatos que dirigen a los trabajadores de PEMEX y CFE, de principio ya no formarán parte del consejo administrativo con lo que los derechos laborales ya no influirán en la forma de administrar la empresa además de que, ahora tendrán que revisar sus estatutos laborales para que estos sean justos y acordes a lo que todos los mexicanos percibimos, en otras palabras evitaremos caer nuevamente en pasivos laborales que comprometan la estabilidad económica del país. La propuesta de reforma impulsada por el presidente Peña nunca buscó vender estas dos grandes empresas al capital privado, muy al contrario, busco dotarles de autonomía bajo la propiedad del Estado para que estas se administren de la mejor manera y hagan realidad la mejora de precios de los energéticos en este país, tan rico en ellos. En la gran ruta trazada por el Gobierno de la República para mejorar las condiciones de vida de nosotros los mexicanos se está avanzando ya que según los expertos, en un plazo de 2 años se verán las mejoras en tarifas y en un plazo similar la capacidad de gasto de los Estados se aumentará por los cambios en el sector energético.