Mentir es una práctica antipolítica: la deliberada falsedad no provienen de la acción, de la realidad tangible para quien presenció y fue atravesado por los hechos, el engaño se ubica al otro extremo de la verdad, jamás desoculta y mucho menos clarifica; quién miente es presa del temor, rehén de la ilusión de tergiversar la memoria y extraviar el juicio de la razón.

La mentira sólo es producto de la imaginación de quien la emite, pues el engaño sólo tiene éxito cuando la afirmación es plausible, cuando las cosas pudieron haber sido como el mentiroso asegura que fueron; de lo contrario, cuando la mentira es incapaz de establecerse como un principio compartido, quien la difunde convoca a la indignación siendo presa fácil del escarnio. 

¿Quién está mintiendo en el caso Chalchihuapan? El discurso oficial es inverosímil de pies a cabeza, sólo unas cuántas voces y plumas comprometidas lo han difundido causando --como suele ser su costumbre-- el más mínimo impacto en la sociedad; mientras que las imágenes, los testimonios y videos de las víctimas no dejan lugar dudas, la represión fue contundente, la brutalidad de los cuerpos de granaderos escandalosa, el hecho resultó tan escalofriante que fue perfectamente capaz de indignar a una nación que desde la guerra contra el narcotráfico se ha acostumbrado a las escenas de violencia extrema.

Independientemente de los resultados que emitan las investigaciones de la PGR o la CNDH; el veredicto popular ya fue dictado en el tribunal de las conciencias: la caída del gobernador Rafael Moreno Valle en los indicadores de percepción pública radica en que la sociedad lo ha responsabilizado, de principio, en una historia con dos versiones que llevan a una misma tragedia: por el hecho de que los granaderos fueron incapaces de proteger a un menor de “la refriega de los cohetones”; o más bien porque ni uno sólo de los elementos que participaron en el operativo tuvieron la sensibilidad de guarecer a José Luis Tehuatlie ante el fuego abierto de letales balas de goma.

Los cuerpos de seguridad del Estado están hechos para preservar las garantías, los términos generales de la vida, cuando incurren en lo contrario, cuando un elemento policial se convierte en la principal amenaza frente a la subsistencia, se ejecuta la más indigna e intolerable de las arbitrariedades, no hay justificación para una agresión de semejantes dimensiones, no hay renuncia capaz de resarcir el daño del efecto.

En su imposible defensa el gobernador y su secretario Luis Maldonado Venegas han intentado las piruetas más desesperadas: a) abrogar, derogar o parchar #LaLeyBala, o lo que resulte más conveniente para acallar la indignación de la opinión pública nacional y al mismo tiempo regular eficientemente “el uso de la fuerza legítima” --increíblemente aún no se han percatado que eso no existe--; b) proponer un observatorio para salvaguardar los derechos de la niñez poblana, y de paso aparentar preocupación ante el estado de desprotección de un grupo vulnerable; c) repartir 893 aparatos ortopédicos a personas en situación de discapacidad, especialmente a menores para que la propaganda muestre a un ejecutivo que es amigo de todos los niños; d) también se entregaron 2000 despensas en San Baltazar Tetela a municipios en situación de pobreza alimentaria, de pronto este gobierno nos recordó que está muy preocupado por la justicia social. Se trata de un conjunto de reacciones aisladas frente una crisis de dimensiones que todavía ninguno advierte.

Por su parte Facundo Rosas, en otro arrebato de desesperación, cometió la irresponsabilidad de mostrar ante los medios el oficio 28003 signado por el general comandante de la vigésima quinta zona militar, que señala que el gobierno del estado “no ha adquirido balas de goma”; hecho que Rosas aprovechó para afirmar algo que la SEDENA es incapaz de comprobar: “por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, aseguró el secretario.

La falacia desborda la diferencia semántica entre “adquirir” y “usar”; realmente estriba en que el titular de la SSP fue incapaz de consultar los archivos de la CDH Puebla antes de salir al ruedo, concretamente la recomendación 60/2011 donde el ombudsman local refiere que estos instrumentos letales fueron utilizados, “llegando a la certeza, en virtud de la uniformidad de las declaraciones, de que estos hechos son ciertos”. Otra técnica fallida para minimizar el impacto de los malos resultados.

La caída es contundente, el daño del efecto es irreversible; no obstante sin el respaldo abierto de la alta clase política de Acción Nacional, aquél que todavía no es claro y dista mucho de ser copioso, Moreno Valle no podrá administrar el déficit de legitimidad que sencillamente era impensable un día antes de la tragedia de Chalchihuapan.