El combate a la pobreza en México es un tema prioritario en la agenda nacional de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración del Presidente Peña Nieto contempla este tema en su eje rector denominado México Incluyente, el cual se orienta a lograr un entorno favorable para el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos, empezando por el derecho a una vida libre de pobreza.

Un México libre del flagelo de la miseria requiere de una visión estratégica del Gobierno de la República y de las instituciones que la componen, a cuyo cargo está consolidar el desarrollo social. Planear estratégicamente, en términos llanos y sencillos, es implementar un proceso mediante el cual los líderes de un país determinan a qué situación arribará la sociedad en el futuro y cómo es posible alcanzarla. Si esta situación deseada es un México sin pobreza, la gran pregunta es cómo lograrlo. Al definir prioridades, operaciones y procedimientos para lograr erradicar la pobreza se le conoce como estrategias.

Si se analiza los avances en la planeación estratégica para combatir la pobreza, se encontraría lo siguiente dentro de las fortalezas institucionales: tenemos una metodología para identificar y medir pobreza; contamos con estadísticas de cuántas personas son pobres y qué tan aguda es su pobreza, así como dónde habitan; tenemos listados de las personas que reciben beneficios de programas sociales (y esta información es pública y transparente); realizamos evaluaciones a los programas de desarrollo social; los programas cuentan con reglas de operación que norman su diseño y funcionamiento; los programas cuentan con indicadores para medir su desempeño y logro de objetivos; el diseño de los programas se basa en metodologías de planeación reconocidas a nivel internacional (metodología de marco lógico).

Dentro de las áreas de oportunidad, o temas en proceso, se encuentran las siguientes: integrar un sistema de registro único de personas beneficiarias; consolidar evaluaciones de impacto para todos los programas sociales de los tres órdenes de gobierno; transparentar la información de los programas sociales estatales y municipales y que éstos cuenten con reglas de operación como las federales; desarrollar capacidades a nivel municipal y estatal para un uso más eficiente de los recursos de combate a la pobreza, particularmente los más de 57 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); extender la visión del gobierno federal de que el combate a la pobreza no se basa en discursos, sino en evidencia: de mejores prácticas, de evaluaciones, de opiniones técnicas, generada incluso por la propia población beneficiaria.  

La participación ciudadana es una prioridad del actual gobierno para erradicar cualquier rastro de asistencialismo y fomentar que las personas sean el principal agente de cambio. Integrar su opinión es un ejercicio democrático que generará resultados dramáticos en la estrategia. Son ellos los verdaderos expertos en los mecanismos para prevenir que más personas caigan en pobreza, quienes pueden identificar cómo las personas superan la pobreza de forma sustentable y quienes han logrado diseñar estrategias día a día para afrontarla.

Aspirar que la ciudadanía se integre a grupos de expertos académicos, administrativos, operativos, de planeación, de evaluación, entre otros, es pragmático, no es irreal. La Cruzada Contra el Hambre ha logrado consolidar comités comunitarios en cada uno de los municipios donde opera, más de mil. Programas como Oportunidades, con más de 5.8 millones de familias atendidas, también implementa mecanismos de contraloría social basados en comités de beneficiarios.

El esfuerzo, sin embargo, no debe quedar en formar comités, realizar asambleas, esquemas de contraloría social, levantar encuestas de percepción, abrir canales para quejas y denuncias, realizar entrevistas o grupos de enfoque. Los tres órdenes de gobierno deben incorporar la voz ciudadana en sus mecanismos de planeación para reducir la pobreza. La participación social no es una variable determinada en el ambiente de las instituciones, sino una variable que las mismas pueden modificar con sus acciones. Soñar pragmáticamente, más allá del corto plazo, y creer que es posible modificar el entorno en que se actúa, es uno de los principales preceptos de la planeación estratégica. Esto aplica aun cuando el entorno es México. Modificar el entorno, de acuerdo a los preceptos de planeación estratégica, es posible si uno actúa conforme a valores congruentes con la visión. Continuar con un el pragmatismo de un Presidente como es Peña Nieto, que en los hechos demuestra que su mayor preocupación es dar resultados, transformando de raíz a su país.