Dice Marcos Chicont, en su libro “El asesinato de Pitágoras”, que “el objetivo de cada hombre no debe ser llegar a un punto, sino avanzar desde donde está”.

Tal vez, si analizamos desde esta óptica la gestión del presidente Peña Nieto, llegaremos a la razón de los pobres resultados que se han obtenido, pues se han planteado muchos objetivos, pero en la estrategia, no se han contemplado todos los pasos que se requieren para llegar a esas metas.

Y a partir de esa reflexión, nos topamos con la más triste de las realidades, la que se manifiesta en el hecho de que, los objetivos presidenciales parecen ahora un compendio de buenas intenciones, que no han pasado de ser eso, buenas intenciones, pues en los hechos, no se ven grandes avances, y tal vez, como dijera Ricardo Monreal, “Hoy estamos más que pior”.

Este gobierno, no parece haberse dado cuenta de dos cosas, la primera, de que ya es gobierno y que como tal, debe asumir responsabilidades y generar e implementar políticas públicas; y además, debe entender que, en estos nuevos tiempos, ni las conductas heredadas del viejo PRI ni los pretextos que le sirvieron en el Estado de México, le serán útiles o permitidos.

Y es que el presidente Peña Nieto, generó hábilmente una revolución en el sistema político que le permitió, inicialmente, reunir a los principales partidos de oposición en torno, no a sus propuestas, sino a su persona, logrando el respaldo necesario para que sus iniciativas de reforma fueran aprobadas en los términos que, si bien él no propuso, si eran los que le convenían.  De esta manera, con el apoyo del PRD sacó la reforma fiscal y con el del PAN, la energética. En el legislativo se atendió a la línea y se dejó a un lado el debate.

Cuando el Pacto por México terminó su cometido, o mejor dicho, dejo de ser útil al presidente, la táctica cambió y de tener como aliada a la oposición, se pasó a buscar el desprestigio de los antiguos amigos. Los moches, la línea 12 del metro, Oceanografía y tantos y tantos casos más, en los que el PRI tampoco puede salir bien librado, pues es el referente por antonomasia de la cochinada, la tranza y la corrupción política del país.

El curso de los acontecimientos, a partir del regreso del PRI, nos deja claro que en nuestro sistema político, está desapareciendo el debate de ideas. En un envilecimiento de la actividad política, ya nadie defiende la honorabilidad propia o la de su partido; las culpas propias se tratan de ocultar pregonando las de los opositores.

Pero a pesar de todo ello, la lucha contra la corrupción no es algo que parezca interesarle a este gobierno.  Están convencidos de que proceder para erradicar la tranza, es tanto como darse un balazo en el pie. Esto ha permitido que a la ley ya nadie la respete, que los gobernadores la violen poniendo su rostro en publicidad nacional, que se nieguen a enterar los impuestos que retienen, a las arcas de la federación o que con total impunidad malgasten o se roben el dinero público.

Y es que la ley, ha pasado de ser el pilar de la estabilidad del país a un instrumento para el ejercicio tiránico del poder, pues desde el gobierno no sólo no se le obedece sino que se le manipula.

Para muestra queda el gobernador priísta de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien a pesar de haber desviado 14 mil millones de pesos en los años 2011 y 2012 -lo que está documentado por la Auditoria Superior del Estado- no necesitó más que de los diputados de su partido y dos más, para que sus cuentas fueran aprobadas.

En sincronía con las fechas, alguien me recordó que Pilatos pregunto a la multitud:” ¿A quién suelto?” y el pueblo clamo “¡a Barrabas, al ladrón!”. Vemos que después de 2 mil años el pueblo sigue eligiendo a los ladrones.

Vivimos hoy un país en el que la justicia se aplica de forma selectiva y el cumplimiento de la ley es algo negociable.

El imperio de la ley es negociado por los amigos del presidente. Cosa de ver como la semana pasada el comisionado para todo, en Michoacán, se aventuró a cerrar un trato con los llamados autodefensas, para lograr lo que se llamó un desarme, pero que en realidad, es quitar de las manos de dichos grupos sólo el armamento más peligroso, mientras que de manera absurda, se les permitirá mantener los R-15 y los cuernos de chivo, sin preguntar siquiera cómo es que los obtuvieron. Se revisaran los procesos donde están involucrados miembros de estos grupos y seguramente muchos serán liberados, se va a permitir la impunidad en que seguirán viviendo los hermanos Farías, “el americano” y el doctor Mirelles, entre otros.  

Se permite también que el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, a pesar de que su empresa está siendo investigada e intervenida, él no esté detenido, sino arraigado. Y eso es un decir, pues el señor está viviendo en su casa en "Las Brisas", en Acapulco, con todos los lujos que su ilícita fortuna le permiten, lo cual es por demás sospechoso y, al parecer, se convertirá en el Carlos Ahumada de este sexenio, un vil instrumento que, por la información que posee, es útil para atacar y dañar al opositor, dados los contratos obtenidos en la gestión de un gobierno que, por mucho que se diga, fue menos corrupto que el de ahora y menos corrupto que los de antes.

Este buen trato al delincuente útil, no es raro. Basta ver que ni Andrés Granier, ni Elba Esther Gordillo, están propiamente en una cárcel, sino que, su estado de salud y su cercanía con el poder, les permite gozar de una agradable estadía en la torre médica del penal de Tepepan. Parece que Peña Nieto, sí le tiene respeto al karma.

Y es lógico el poco respeto a la ley, pues hasta los encargados de hacerla, le muestran desprecio.

No sólo son los legisladores que están más que preocupados por el moche que por la legislación, sino también aquellos que se preocupan más por la discusión política y partidista, que por el debate legislativo y, sobre todo, esa inmensa mayoría de parlamentarios que levitan en las cámaras, esperando que su holgazanería les permita levantar el dedo (en sentido figurado, pues ahora el sistema de votación es electrónico) y que su servilismo les lleve a votar lo que el presidente quiera.

A más de medio siglo, siguen siendo aplicables las palabras de Don Daniel Cosío Villegas, que dijo que “a los ojos de la opinión nacional, nada hay tan despreciable como un diputado o senador, quienes con su conducta complaciente frente al ejecutivo, han llegado a ser la medida de toda la espesa miseria humana”.

A partir de ese desprecio a la norma, tanto de los encargados de crearla, como por los encargados de aplicarla, entendemos el porqué aún con tantas reformas, el país sigue sumergido en un letargo económico del que no parece verse una salida próxima.

Y no se le ve la salida, primero, porque el gobierno de la república parece ser persistente en orientar la economía por un camino que no parece ser el correcto. Nos hemos empecinado en fomentar las ventas al extranjero, convirtiéndonos en un país exportador y hemos dejado de lado el mercado interno, el cual se vio frenado por un mal ejercicio del gasto público -el cual no se ha corregido- y una reforma fiscal que ha sido perjudicial para el empresario nacional.  Aunque el gobierno diga que la economía marcha bien, esta simplemente no crece.

Este mal manejo se conjuga con otros dos factores, el primero, es que las reformas no se han aterrizado, sea en la ley o sea en los hechos. Reformas trascendentales no se terminan de implementar, mientras que otras – y esto es lo mas preocupante – enfrentan el desdén y la avaricia de los legisladores que, o bien retrasan la expedición de la legislación secundaria, o pretenden en esta, ir en sentido contrario a las modificaciones constitucionales.

El hecho de que las reformas no sean aterrizadas en tiempo desincentiva al inversionista; el hecho de que la legislación secundaria acote lo obtenido en la reforma constitucional, lo desencanta y lo aleja.

Además, la falta de un estado de derecho, afecta directamente a la inversión, sin que ninguna reforma, por muy audaz que sea, mejore el ambiente económico, pues como dijo Milton Friedman, “la privatización no significa nada, sino se cuenta con el estado de derecho. ¿De qué vale privatizar, sino se cuenta con seguridad sobre su propiedad o si no se puede usar como se quiere?”.

En 2012, los mexicanos eligieron basados en un rosario de promesas, sin embargo, en la actualidad enfrentamos una realidad en que el problema es, en resumen, que en este país la ley vale menos que la palabra del presidente, que está demostrado, vale bien poquito.

Enrique Peña Nieto llego al poder sustentado en muchas promesas y respaldado por mucho dinero.

El dinero, es vergonzoso ver de dónde salió; las promesas, fueron la estrategia  publicitaria de un hombre ambicioso y al quedarse solo en promesas, muestran la cara real de esta moneda.

Si la ley no se impone, seguiremos viendo cómo el candidato que se comprometía, se convierte en otro presidente que fracasa.

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