Las reformas constitucionales impulsadas bajo la guía del Pacto por México han caminado de manera fluida hasta antes de llegar a la elaboración de sus correspondientes leyes reglamentarias.

 Las dificultades se han manifestado con mayor agudeza cuando se ha pretendido elaborar presentar, aprobar y aplicar las leyes reglamentarias mencionadas.

El panorama mencionado se mostró cuando la Ley federal de Reforma educativa se presentó. Para su aprobación se realizó un proceso caracterizado por una intensa tensión básicamente originada por la acción de los desacuerdos entre los distintos actores políticos , sobre todo,  por la acción directa o soterrada de los opositores a los cambios contenidos en ella y por los que pretenden una aplicación de reformas en otra perspectiva, en ese contexto se puede describir la actitud de algunos gobernadores y de la organización denominada como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En ese marco se debe valorar la acción de desmantelar el poder de la dirigente del Magisterio, la Maestra Elba Esther Gordillo.

 Si en algún momento el gobierno federal supuso que con la detención de Elba Esther Gordillo quedaría zanjada la oposición del magisterio a las modificaciones legales en que se sustenta la nueva reforma educativa, estaba en un error. Ni para la dirigencia sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y mucho menos para las fracciones disidentes agrupadas en la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el tema está resuelto.

Hace apenas unas semanas, los maestros de Guerrero consiguieron, bajo la presión de la movilización, que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se comprometiera a presentar al legislativo local una iniciativa de reformas a la ley estatal de educación. La iniciativa de decreto fue entregada el pasado primero de abril e incluye diversas modificaciones a la norma educativa de Guerrero.

En Oaxaca, bastión vertebral de la CNTE, el ejecutivo estatal consiguió elaborar, junto con representantes de la Sección 22 del sindicato y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, una propuesta para el proceso de reforma de la Ley General de Educación, norma de carácter federal. El gobernador Gabino Cué anunció en conferencia de prensa el pasado primero de abril, que dicha iniciativa, que se entregará a los diputados federales de la entidad esta semana, contempla, entre otras propuestas, la de reconocer la diversidad pluricultural del país y la diversidad de necesidades educativas de los pueblos y comunidades indígenas de la nación.

La iniciativa oaxaqueña insiste en la importancia de adecuaciones regionales tanto a los planes y programas de estudio como a los procesos de evaluación de alumnos y maestros. Asimismo sugiere la necesidad de contemplar de manera integral la atención a las necesidades de alimentación, salud y educación de las poblaciones escolares. Por otra parte se recomienda que la norma federal establezca con toda precisión cuáles son las facultades, objetivos y quehacer del INEE, así como los alcances del nuevo sistema nacional de información y gestión, de modo tal que se garantice la seguridad en el trabajo de los docentes y la no violación de los derechos laborales garantizados por la Constitución. En el mismo proceso los medios, especialmente en la prensa, daban cuenta de que a pesar de culminar el importante aspecto de aprobación de la normatividad para la reforma en la educación el proceso apenas iniciaba, faltaba el sendero de su compleja aplicación. En algunos medios se registró lo siguiente:

 (CNN México) — El proceso legal para poner en marcha la reforma educativa en México concluyó este martes, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara tres leyes secundarias, pese a la oposición de grupos magisteriales y en medio de la amenaza de manifestaciones a nivel nacional para este miércoles.

Peña firmó la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, en un evento en la residencia oficial de Los Pinos.

La Ley del Servicio Profesional es rechazada por la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), un grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La CNTE acusa que la  legislación es “punitiva” y no toma en cuenta contextos regionales, económicos y sociales.

 Una situación parecida se está presentando con la reforma energética, el Ing. Cardenas  afirmó que  la acción en contra de dicha reforma lo uniría con el excandidato presidencial, diciendo: “Yo quiero pensar que sí, y lo quiero pensar porque durante la campaña electoral el licenciado López Obrador aceptó la propuesta que hizo el PRD, que tuve la oportunidad de presentar, y él asumió esta propuesta como propia, entonces yo quiero pensar que estamos coincidiendo".

Sin embargo, el ex candidato presidencial señaló que no participará en la movilización convocada por López Obrador el próximo domingo, porque “está convocada por un partido distinto al mío, porque cada quien se mueve en planos distintos, pero me da mucho gusto que estemos coincidiendo en la defensa del petróleo”.

 Los actores y sus roles se van cambiando, aunque es un hecho que se presentan desacuerdos y acciones que dificultan la posibilidad de que los cambios legales se traduzcan en cambios en la forma en que se estructura la dinámica de la sociedad mexicana.

 En igual circunstancia se encuentra la reforma político electoral, ya se ha iniciado el proceso de estructuración del INE y los desacuerdos comienzan a presentarse, los impulsores de la reforma sostienen que la misma permitirá crear instancias electorales blindadas frente a los gobernadores y sus pretensiones de vulnerar el derecho de los ciudadanos de la entidad federativa a elegir libremente a sus autoridades, la lógica de la reforma, en comento, es arrancar del dominio de los gobernadores a los órganos electorales.

Se debe considerar, tal como quedó la reforma, que lo sustraído de la influencia previsible de los gobernadores se depositó en manos de la partidocracia, en sus direcciones nacionales, tal situación se deduce de que la elección del consejo general del INE se deberá realizar en el seno de la cámara de diputados y que dicha cámara corresponde, en su dinámica, a lo que marcan los partidos dominantes de nuestro sistema político los que, hasta donde se puede observar, para constituir el máximo órgano de gobierno del INE se repetirá el sistema de cuotas partidarias, la primera muestra ya ésta en el hecho de que por acuerdo de los principales partidos políticos se avaló la integración de los actuales consejeros del IFE, dicho sea de paso, lo mismo que se expresaron reiteradamente de manera negativa a la creación del INE, ellos se podían inscribir sin el aval de alguien en particular, sin embargo con gran desfachatez acordaron con la dirección de los partidos dominantes del sistema político mexicano que su inscripción significa su inclusión en el nuevo INE, espero que reconsideren los implicados. De otro modo ellos pondrán la democracia en manos de sus enemigos.

Cuando se concretó la reforma constitucional se soslayó la necesidad de crear un INE sólido y consistente, se omitió la oportunidad de integrar  a los congresos de los Estados  en la constitución del CG y se debió proponer que la integración del mismo fuera con un total de 32 Consejeros Electorales, uno por cada estado y el consejero presidente. Los primeros nombrados por los congresos de la entidad federativa correspondiente y el consejero presidente nombrado por la cámara de diputados federal. Una integración como la descrita resolvería dos cosas: su representatividad de toda la república y le daría una gran consistencia para aplicar la normatividad electoral y para accionar en sus tareas junto a cualesquier autoridad constituida y para encauzar la acción de los distintos actores políticos, al mismo tiempo que se haría viable la posibilidad de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la organización de los procesos electorales y, por supuesto, lograr el ahorro de recursos humanos y económicos. De esa manera, ello hubiese correspondido con las pretensiones que originaron su creación.

Hasta el momento, hay poca información aún sobre cómo se estructuraran las leyes reglamentarias de la correspondiente modificación constitucional, pero algo queda claro, que los parámetros constitucionales ya definidos y la forma en que se dan las negociaciones y acuerdos de los principales actores políticos difícilmente permitirán que se haga realidad la pretendida mayor fortaleza del INE. La comparación se debe realizar con su antecedente IFE e Institutos estatales, especialmente el resultado se explica porque no se estructuró el sustento de poder requerido con el propósito de posibilitar al órgano autónomo electoral la posibilidad de contar con la capacidad para poder someter a los poderes institucionales, poderes fácticos y a los grupos de presión para que actúen en el marco de la ley y preservando la estructura del sistema democrático. Le dieron una mayor lista de obligaciones pero le negaron la posibilidad de tener el poder, para que sea un poder equilibrador del funcionamiento de nuestro sistema político.

Aún más, parece que se mantendrá la duplicidad de estructuras electorales, estatales y federales con lo que se obstaculizará lograr el ahorro de recursos y concentración de los procesos electorales en pocos periodos para permitir que los mexicanos podamos dedicar más tiempo a vigilar cómo nos gobiernan y menos a la elección de los que nos deberán gobernar. Lo que significa alejar la posibilidad de un menor gasto en elecciones y mayor claridad en los procesos electorales y con una mayor confianza. Ni modo, ojalá y pronto podamos reorientar las cosas.

Lo que es innegable es que con lo que hoy existe los cambios constitucionales atravesarán cada vez por mayores dificultades. El problema de los ejecutivos de los distintos niveles de gobierno es su operación descoordinada y fragmentada, si se logra una operación coordinada y unificada de los mismos, seguro que los agudos problemas de México tendrán viabilidad para superarse. Los ejecutivos del país, por su forma de operar, son el problema pero con una forma distinta de operación son el principio básico de la solución. Tal vez lo que se requiere es hacer cambios profundos que permitan avanzar en lo que ya se ha conseguido. Lo ideal sería poder apuntalar los cambios con una reforma constitucional tendiente a lo que denominaría el moderno pacto federal, instaurando un órgano colegiado que aglutine a los ejecutivos de la nación: al ejecutivo del gobierno central de la federación y a los ejecutivos de las entidades federativas en lo que se podría denominar como la suprema Asamblea de la Nación Mexicana y en su seno se tendría que plantear y resolver las grandes reformas, las que ya se han iniciado y las que se tendrían que definir de acuerdo a las circunstancias. En pocas palabras se tendría que democratizar al poder ejecutivo del País, en todos sus niveles, para permitir una dinámica democrática y así lograr una mayor unidad de la acción estatal y un poder estatal como el que requieren las circunstancias, estructurar una nueva forma de ejercer el poder por parte de los que elegimos para que nos gobiernen. Con eso se fortalecería la unidad nacional y la fuerza del estado mexicano, al mismo tiempo que se instaura una autoridad que se constituye en contrapeso de las instancias diversas de autoridad ejecutiva del país y, lo más importante, sin restar agilidad a los actos de las autoridades ejecutivas.

 En el momento actual donde ya hay una cierta fatiga de reformas, debemos optar por  guiarnos con la tendencia descrita en las propuestas de modificaciones constitucionales y, en consecuencia, se podría comenzar por establecer un acuerdo, en el marco del “Pacto por México”, para incluir en él a los ejecutivos de las entidades federativas, que contando con una normatividad de funcionamiento adecuada, asegure la funcionalidad democrática y, al mismo tiempo, la efectividad y eficiencia para la aplicación y realización de los acuerdos. La idea es lograr una mayor democracia en la dinámica gubernamental y obtener simultáneamente la posibilidad de una más profunda discusión de los problemas de México, conseguir que lo establecido en la normatividad del país se aplique obteniendo así la certeza de que lo logrado se traduce en avances concretos para los mexicanos.