La crisis del alto costo del servicio del agua

  • Germán Molina Carrillo

El anuncio de la aprobación del Congreso poblano de las tarifas para el cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la ley de agua para el Estado de Puebla, por la prestación del servicio público de agua potable y servicios relacionados, así como del procedimiento para la actualización de dicha estructura tarifaria, representa un duro golpe para la economía de las familias que habitan la Ciudad y los Municipios de su zona conurbada, ya que el derecho humano al agua pasa de ser eso, para convertirse en un artículo de lujo que seguramente quedará muy alejado de los ciudadanos que viven del salario mínimo y que hoy decidirán si usan sus escasos recursos para comer o para pagar el servicio del vital líquido que tendrá en algunas zonas, un costo prohibitivo y que habrá que sumar a la escalada inflacionaria que vive el país en la canasta básica y otros servicios como la energía eléctrica, gas doméstico y el teléfono.

De nada sirvieron los alegatos de algunos legisladores del PRI, al señalar que el aumento del 55% para los negocios e industrias es desmesurado; condenando que los poblanos deben pagar los gastos que genere la instalación de medidores, lo que calificó de injusto en tribuna el diputado José Chedraui.

La iniciativa del ejecutivo estatal fue aprobada por la mayoría de los diputados del PAN, PRD, PANAL, Compromiso por Puebla, PT y PSI con el voto en contra de los representantes del PRI, PVEM Y MC.

Así que ahora seremos los ciudadanos quienes pagaremos estos aumentos en dos sentidos: primero como consumidores en nuestros domicilios y después en el pago de los servicios que recibimos de diferentes proveedores como los restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales y en todo comercio que al sufrir el aumento de tarifas lo reflejará en el precio de los servicios que vende.

Me parece increíble que bajo el argumento de que se necesitan más recursos para invertir en mejorar el servicio de agua en la Ciudad, se sangre la economía de las familias, convirtiendo el agua en un artículo de lujo, cuando es de primera necesidad para todos.

Si bien es cierto, la creación del SOAPAP y su operación durante muchos años no dieron solución al problema del abasto del agua, también lo es que en su situación actual trabaja con números negros y tiene muchos recursos por recuperar, por lo que me pregunto ¿por qué vender un organismo que puede ser rentable y optar por dejarlo en manos de particulares para que unos cuantos se beneficien de sus utilidades? 

A esto habría que sumar la falta de esclarecimiento de los malos manejos y casos de corrupción que en su momento se han denunciado por los ciudadanos y medios de comunicación; finalmente esas denuncias e investigaciones jamás serán esclarecidas y los responsables, sean de la administración que sea, duermen y disfrutan tranquilos de lo que les dejó servirse de un puesto público y gozar de la impunidad que dan los acuerdos y negociaciones políticas

Mayo es el mes en que se comenzarán a aplicar las nuevas tarifas y ya existen muchas voces de inconformidad por esta decisión del Congreso del Estado, completamente atentatoria a un derecho humano, consagrado en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce como derecho fundamental de toda persona, el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Seguramente los Juzgados Federales tendrán un número significativo de demandas de Amparo contra el Decreto que establece las nuevas tarifas, pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá que resolver las quejas que se presenten en contra del decreto, ya que la Comisión estatal buscará por todos los medios entorpecer las investigaciones y buscar a toda costa archivar las quejas, ya que finalmente para eso fueron designados tanto su Presidente como los funcionarios que laboran en dicha Comisión y saben a quién deben respaldar en esta cruzada contra los ciudadanos.

La crisis por el servicio del agua será un tema de los próximos meses en Puebla.

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Germán Molina Carrillo

Abogado, notario y actuario por la Facultad de Derecho de la BUAP; doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es director fundador del Instituto y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y de la Revista IUS; autor de más de siete obras jurídicas, ponente, moderador, comentarista, y conferencista.