A propósito del llamado “garrote político” que suele atribuírsele a las auditorías que los órganos de fiscalización aplican contra “enemigos políticos”, o simplemente cuando se trata de meter en cintura a una autoridad, procede hacer un comparativo del caso del hoy ex Presidente Municipal de Teziutlán, Carlos Peredo, con el Gobernador Rafael Moreno Valle.

Aunque en octubre pasado Carlos Peredo esgrimió “motivos personales” para separarse del cargo, en esa ocasión el Presidente de la Comisión Inspectora del Congreso local, Jesús Saldívar Benavides, a groso modo apuntó que el hoy ex edil no había comprobado 21 millones 483 mil pesos, además de que expropió un predio, donde construyó un conjunto de viviendas, entre ellas, una para su hijo.

Si las cosas están así, no cabe duda que la Comisión Inspectora del Congreso local, debe ir hasta las últimas consecuencias, y desde luego informar a la opinión pública del estado actual del caso.

No obstante, el hecho contrasta diametralmente con el silencio u omisión de la propia Comisión Inspectora, frente a los siguientes hechos contantes y sonantes:

1.- De acuerdo con cálculos paramétricos comprobables, mientras el costo del Puente Zaragoza sólo podía fluctuar en derredor de 70 millones de pesos, en la práctica la erogación final demostrada es 550 millones de pesos. Una diferencia de 480 millones. ¿Dónde está la justificación de este costo?

2.- Peor aún, de acuerdo con los métodos de estimación paramétrica de costos en construcción, no obstante que la obra del Centro Integral de Servicios (CIS) sólo puede fluctuar en derredor de 800 millones de pesos, en la práctica su costo “oculto” -porque está reservado a 30 años-, es de 3 mil millones de pesos. Una diferencia de 2 mil 200 millones de pesos.

¿En qué bases paramétricas y jurídicas se apoyó Transparencia Mexicana para avalar con su presencia en el CIS el “Cumplo o me voy”, que Moreno Valle armó previo a su tercer informe?

¿Qué harán la Contraloría y la Comisión Inspectora del Congreso frente a esta kilométrica diferencia del ex alcalde de Teziutlán contra la de Moreno Valle?

Y como se ha señalado: casi el 100 por ciento de la obra que Moreno Valle ha puesto en marcha, ha carecido de toda la normatividad legal y proceso técnico-financiero, y todo está plenamente demostrado de que así ha sido.

El asunto no es cualquier cosa porque la opacidad propicia un negativo impacto socioeconómico para Puebla, del que quizás por la costumbre de Moreno Valle de volar todo el tiempo en helicóptero, “le impida percatarse” de que sobre suelo poblano aumentan miseria, pobreza y desempleo.

Y se complica porque aunque el gobernante prometió basado en ley priorizar a las empresas de Puebla, en la práctica y en abierta violación a la Ley de Obra Pública y la Responsabilidades de los Servidores Públicos, se las arregla con empresarios de fuera.

¿Qué significa todo esto? Que el gobernante ha hecho trizas el Estado de Derecho. O sea y en otro ámbito adjunto: con esa carga se sube a la campaña del PAN y de Gustavo Madero, junto con las de sus propias aspiraciones presidenciales.

¿CUÁNDO EL ‘GARROTE POLÍTICO’ PARA MORENO VALLE Y EUKID?

Como resultaría ocioso suponer que Eukid Castañón saliera a explicar por qué durante su gestión al frente de la Secretaría de la Contraloría omitió la aplicación del Estado de Derecho a Moreno Valle, tal vez ahora corresponda demandárselo a la actual Encargada de Despacho de la propia Contraloría, María Catalina Daza Hernández.

A ella procedería plantearle “¿Cuándo el ´garrote político’ para Moreno Valle y para Eukid Castañón? En los hechos hay mil razones jurídicas para proceder y exigir transparencia y rendición de cuentas, pero desde luego sería una utopía.

LA VÍA DEL COLECTIVO PUEBLO MÁGICO SIN TRÁFICO

Así que como sólo desde el cuento de “Alicia en el país de las maravillas” sería posible soñar que la Contraloría estatal y el Congreso procedieran, ya la alternativa válida, razonable y ajustada Derecho, la constituyen las cinco demandas del Colectivo Pueblo Mágico sin Tráfico.

Así es, porque a la sociedad le asiste el Derecho Natural y Constitucional de actuar en reclamo de sus derechos, tal como ha procedido Pueblo Mágico sin Tráfico: llenar sus espacios con una participación legal, ordenada, razonada, sustentada y firme contra el uso, abuso y tráfico del poder gubernamental, delegado por la sociedad a lo servidores públicos.