El tiempo es el enemigo natural del ser humano. El 1 de enero de 2014 marca el inicio de las nuevas políticas fiscales que el SAT podrán aplicar, mismas que algunos llaman de manera negativa “actos de terrorismo fiscal”, pero independientemente de la denominación con que busquemos justificarlas, no debiéramos olvidar que en nuestra máxima norma jurídica, el artículo 31 que se refiere a las obligaciones de TODOS los ciudadanos mexicanos, indica que deberemos CONTRIBUIR al gasto público de la Federación, Estados y Municipios en los que residamos, de forma proporcional y equitativa (siendo estos los derechos más importantes de los contribuyentes, mas no lo únicos) de acuerdo a lo que establezcan las leyes.

Entre esas leyes, el Código Fiscal de la Federación reconoce en el artículo 69 la tutela de la información que los contribuyentes o terceros (como un patrón, cliente, proveedor, notario o corredor público) suministramos por medio de las declaraciones, así como de la información que recaban las autoridades en el uso de sus facultades de comprobación, la cual debía ser guardada con absoluta reserva, hasta la más reciente reforma que incluye la posibilidad de acabar con el secreto fiscal.

Algunos ejemplos por los que se podrá aparecer en la “lista negra” son: créditos fiscales firmes, o que sin haber quedado firmes (estando o no en litigio) no se encuentren pagados ni garantizados; cuando no puedan localizar al contribuyente; en caso de ser condenado por algún delito fiscal (defraudación o contrabando); en caso de créditos fiscales cancelados por incosteables o condonados; así como en las investigaciones relativas al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero-.

También será factible que el SAT triangule información con diversas autoridades como en caso de ser sujeto a sanciones por la  Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en caso de sanciones electorales a los partidos políticos, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estudie la PTU para los trabajadores, a solicitud del INEGI y hasta para autoridades extranjeras con tratado de reciprocidad.

Con la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos el SAT elevó considerablemente las visitas a su portal. Desfilan nombres de funcionarios públicos, artistas, empresarios, académicos encumbrados, filántropos, políticos en activo y en receso… pero cuidado, que debiéramos aplicar con precaución el conocido refrán que indica "en la casa del jabonero el que no cae, resbala", ya que la exhibición apenas ha iniciado y también incluye a quienes utilicen comprobantes fiscales apócrifos, presunta o tácitamente.

Los primeros involucrados en la lista han amenazado con la promoción de medios de defensa, argumentando la violación de sus datos personales y la afectación en diversas esferas. Las autoridades deberán resolver que principio jurídico es más relevante, la Información en posesión pública según el artículo 6 de la Constitución Federal, en el cual el interés público estará representado por los más de 500,000 millones de pesos que suman en su conjunto los adeudos, o el interés particular personal; también estará en debate el principio de máxima publicidad que regula la transparencia según nuestra Constitución.

En esta situación, apreciables ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos –o se los retienen amablemente- todos aquellos que no se encuentran beneficiados por algún trato especial y contribuyen para sacar avante a este país, seguramente se preguntarán como yo: ¿Existe la verdadera transparencia pública o estamos sujetos a la violación de los datos personales?

Agradezco, con mucho respeto sus comentarios y sugerencias en: normapimentel@hotmail.com. Tenemos una propuesta, la creación y fomento a la Cultura de Legalidad.