Dra. Norma Estela Pimentel Méndez*

La pandemia mundial que enfrentamos ha generado diferentes y contundentes cambios económicos, sociales y políticos, en donde México no es la excepción. Dos constantes hemos observado en todas las actividades: la necesidad de adaptarse a estos cambios, así como la urgente necesidad de ofrecer soluciones a los problemas. La impartición de justicia que hoy se requiere, obliga además la necesaria modernización del sistema jurisdiccional en nuestro país.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, reconocen la responsabilidad de los Estados para cumplir con 17 metas, siendo la número 16 “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”, la que ha sido referida por la Asociación Internacional de Jueces elemental para la inclusión de Tecnologías de la Información que permitan a la ciudadanía su fácil acceso.

Es indispensable que las políticas públicas en materia de impartición de justicia cambien, se adapten con urgencia a esta nueva normalidad que requiere la accesibilidad a espacios virtuales, sin perder de vista: accesibilidad de usuarios, costos, curva de aprendizaje para implementación, calidad en el manejo de información, protección y disociación de datos personales, adaptabilidad a espacios mixtos pues para algunas materias como la penal, algunas diligencias requieren ser desahogadas de forma presencial.

Algo no ha funcionado como debiera en los procedimientos en línea,  tomemos el ejemplo del  Tribunal Federal de Justicia Administrativa  (antes Tribunal Fiscal) que tiene 10 años como legislación, protocolos, manuales de organización y operación, así como una plataforma bastante robusta, para el desarrollo de juicio en línea, limitados por cuantías y materias… aun así, referente para los poderes federales y locales; que no ha podido migrar la totalidad de sus promociones a esta vía, pues la ley cuenta con varios candados, uno de estos la promoción a solicitud del contribuyente previo registro de su Firma Electrónica.

Por lo que es necesario resaltar que no solo bastará con implementar plataformas digitales para el desarrollo de los distintitos procedimientos judiciales, también se requiere adecuación a la legislación, asignaciones presupuestales para adquisición de plataformas robustas y capacitación actualizada de juzgadoras, juzgadores y personal jurisdiccional y del administrativo que se encargue del manejo de sus sistemas.  

El mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos orientados a enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, conocido como #SusanaVigilancia,  detectó que hasta el 16 de junio de 2020, el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales habían reactivado la suspensión de sus plazos y habilitado la atención de forma parcial, mientras otros 18 poderes judiciales locales, continuaban en parálisis, al permitir sólo la recepción de casos urgentes. En esa misma fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una nueva era para el Poder Judicial Federal, con el juicio en línea, que permite promociones virtuales de cualquier asunto, independientemente de la instancia y la materia, para la jurisdicción federal.

De los 14 poderes judiciales locales con atención parcial para el acceso a la justicia, únicamente 9 permiten el seguimiento completo de sus expedientes a través del “juicio en línea”. Estos son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz; esto indica que más de la mitad de los Poderes Judiciales estatales no están poniendo la atención necesaria que la impartición de justica demanda actualmente.

El acceso a la “justicia en línea” requiere de un elemento identificador para que la ciudadanía, o su representante legal, pueda acceder al sistema: contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal. Este sencillo requisito, ha dejado fuera del alcance de la justicia a muchas personas que antes de la contingencia no contaban con su firma electrónica, pues si bien se ha habilitado su trámite por algunas autoridades, la propia naturaleza de la contingencia ha desmotivado su obtención.

Si bien el Poder Judicial Federal y 17 entidades permiten el desarrollo de audiencias en materia civil, a través de videoconferencia, como lo son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Edomex, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán; solamente el Estado de Coahuila cuenta con la normatividad vigente para el desarrollo de audiencias virtuales en materia penal, bajo el principio de publicidad.

Es urgente generar las estrategias administrativas y normativas para acercar las instituciones y la justicia a la ciudadanía, por medio del uso de la tecnología. Si el panorama no es tan claro a nivel nacional, ni estatal, la justicia tardará aún más en llegar a los 2,458 municipios de nuestro país.

*Doctora en derecho, especializada en rendición de cuentas, derechos humanos, transparencia, combate a corrupción y género.