Uno de los pilares fundamentales de la Política Social de Nueva Generación, que el Presidente Enrique Peña Nieto emprendió desde el primer día de su mandato, es la coordinación institucional, como base del diseño de las políticas públicas a desarrollar. La principal estrategia que se inició en enero de este año, La Cruzada Nacional contra el Hambre, se ha sustentado en el trabajo combinado de Federación, Gobiernos estatales y los municipios integrados en su primera etapa. Esta coordinación ha llevado a la formación de instancias de concurrencia de programas, presupuestos y operación. Así nacen las Comisiones intersecretariales tanto nacional, estatales y las de los 400 municipios, como las articulantes de la estrategia.

Este ha sido un avance importante logrado en el primer año de implementación de la CNCH, reconocido por el CONEVAL en su  diagnóstico sobre el diseño de la Cruzada. A la vez, se reconoce que otro paso fundamental ha sido el poder unificar la focalización de la atención tanto en los indicadores de la pobreza multidimensional como en el objetivo básico de la población a atender. Por eso insistimos, que a parte de los avances reportados por programas como la Pensión de Adultos Mayores, Seguro de Vida para Jefas de Familia, la ampliación de cobertura de DICONSA,LICONSA y OPORTUNIDADES, el cambio sustancial viene en la forma de hacer las cosas. Más inclusivas, con mayor participación tanto social como comunitaria y con un énfasis en buscar el incremento de la productividad, a manera de hacer efectivos los derechos sociales consagrados en la Constitución.

Todo esto ha llevado a reconocer que en el 2014, las estrategias para el Desarrollo Social se potencialicen, con todas las experiencias enriquecedoras que nos dejó este primer año. Debido a ello, se retomará al municipio como punto focal para la construcción de políticas públicas, con las mismas características de integralidad, transversalidad y concurrencia de inversiones, orientadas a abatir los mismos indicadores. Esta coordinación se enfocará en evitar la dispersión de recursos y en muchos casos hasta duplicidad, tal y como señalan CONEVAL y Transparencia Mexicana, en donde han identificado más de dos mil programas de carácter social repartidos entre Estados, municipios y la Federación. Esta conjunción de esfuerzos van encaminados a la creación del Padrón Único de Beneficiarios y en el último de los niveles, el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, que hacia 2015 deberán estar regulando a todos los órdenes de gobierno y, de manera consensuada, dará mayor transparencia al gasto social, unificará la evaluación y optimizarán las inversiones en el rubro, para tener mayor eficiencia en alcanzar los objetivos de disminuir la pobreza en todo el país.

Y como inicio, a partir del 1 de enero del 2014, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) del Ramo 33, que es uno de los principales instrumentos con que cuentan Estados y Municipios, tendrá cambios sustanciales para mejorar su desempeño en el combate a la pobreza. A propuesta de SEDESOL –como dependencia coordinadora de dicho fondo- se propusieron diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que van desde el cambio a la fórmula de distribución haciéndola más efectiva y otorgando incentivos a los municipios que mejoren sus indicadores, hasta una nueva normativa que reposiciona a la SEDESOL como la conductora de la política social en todo el territorio, participando en la planeación, seguimiento y evaluación de los recursos de este Fondo para lograr su orientación a las acciones de infraestructura que realmente impacten en los indicadores de pobreza, así como mejora su transparencia. De manera coordinada se ha implementado en  el país, una estrategia de capacitación en todos los Estados para difundir las modificaciones al FAIS y su carácter de punta de lanza para ser articulante en la potencialización de los presupuestos municipales y estatales. En esa tarea estamos inmersos en la SEDESOL,  junto con los Gobiernos de las Entidades Federativas. Estamos convencidos que al lograr mejorar y optimizar los recursos, que son del pueblo, daremos la justificación real al carácter social de las recientes Reformas aprobadas. Es así que la suma de estas visiones y esfuerzos constituirán en lo que ya se conceptualiza como el nuevo Federalismo Social, el cual pretende fortalecer las capacidades de los Estados y municipios para combatir con mayor eficiencia y eficacia la pobreza y la desigualdad en coordinación con la Federación. Y eso, es lo que nos ocupa día a día.