El Estado de Derecho, en su acepción más moderna, tiene implicaciones deontológicas muy profundas. Es decir, el concepto de Derecho no entraña actualmente solo la aplicación de un marco normativo en determinado territorio. Va más allá, debe ir acompañado de la percepción de los habitantes del imperio de la ley, de la reciprocidad gobierno-ciudadano en la esfera de sus derechos y obligaciones. Hoy no basta con que el ciudadano participe en la elección de sus representantes, hoy el ciudadano debe ejercer su ciudadanía día a día, de forma irrestricta y debe opinar y conocer e involucrarse en las decisiones públicas.

Es obvio que cualquier nación aspiraría ser un país de leyes, que sus habitantes vivan en democracia, no solo formal, sino además efectiva, en donde se respeten sus derechos y cabalmente pueda tener acceso a ellos.

Y de igual forma, el Estado de Derecho de cualquier país, en un escenario óptimo, aspira a que sus ciudadanos respeten a la soberanía establecida, como forma de gobierno; el imperio de las mayorías y todas las formas que se autoimponen constitucionalmente, como medio de establecer un orden social. Desde Montesquieu hasta Weber, todos los estudiosos de las formas del poder y su relación con los gobernados, aceptan que vivir en sociedad se debe regir por estos principios básicos.

Todo lo anterior viene a cuento ya que en estos momentos que estamos viviendo los mexicanos, de intenso calor político y como preámbulo del cierre de un año decisivo en nuestra historia reciente,  son inaceptables los medios que diferentes sectores de nuestro conglomerado social, eligen para demostrar sus inconformidades ante las decisiones soberanas que se toman en el Congreso de la Unión.

Es inaceptable que tomar las calles, la ofensa, el ataque sistemático utilizando las redes sociales, “los cercos”, sean medios en que grupos de inconformes demuestren sus argumentos; esto solo confirma que dichos argumentos son cortos o inexistentes, pero si causan caos, molestias y amenazan el Estado de Derecho. Hoy mismo en que escribimos esta columna, llevamos más de doce horas de golpeteo incesante sobre la valla que se montó para resguardar al Senado. ¿Cambiará esto la decisión de la mayoría de los senadores en torno a la Reforma Energética? Igual que las marchas de la CNTE en contra de la Reforma Educativa o como con la tomas de tribuna del PRD. Estos ejemplos solo vienen a retrasar un proceso de cambio iniciado e inevitable. Pero hay que aclarar algo, no estamos en contra de la manifestación pública, que es un derecho ciudadano. Lo que deseamos expresar es que resulta censurable cambiar el diálogo por las medidas cuasi-anarquistas y amenazantes que rompen el marco de la ley y lleva a situaciones de chantaje en donde la autoridad debe caer en la inmovilidad, so pretexto de ser acusada de autoritaria y exhibida.

Hoy México está cambiando. Estamos construyendo una democracia efectiva sustentada en el cumplimiento de derechos y dando paso a un paquete de reformas definitivas. Entendemos pues que en una democracia no debería prevalecer la unanimidad pero si el respeto a la mayoría. El proceso legislativo del cual somos testigos y que está sustentado en el orden constitucional, debe tener carácter imperativo para todos los mexicanos. Más allá si nos guste o no una decisión tomada conforme al protocolo parlamentario, ésta tendrá fuerza de ley y por lo tanto deberá estar sujeta al respeto que se merece, por el bien de una sociedad que decidió vivir así, en un país de leyes.