La semana pasada se dio un “apagón” del gobierno norteamericano, por no existir un consenso entre la Cámara de Representantes y el Senado de aquel país con relación al presupuesto de egresos.

La legislación americana obliga al Congreso de Estados Unidos a aprobar el presupuesto el último día de septiembre, y cuando esto no sucede, el gobierno deja de recibir los fondos necesarios para su funcionamiento (con algunas excepciones en áreas estratégicas).

No es la primera vez que sucede, de hecho la última se dio en 1995 y duró 21 días.

Las actividades consideradas esenciales como el seguro social, el tráfico aéreo, el correo y el ejército (por citar algunas) no se detienen, pero el resto sí, por lo que cerca de 800 mil trabajadores se vieron obligados a tomar una especie de vacaciones obligatorias (sin goce de sueldo por supuesto). Aquellos que desempeñan funciones imprescindibles deben continuar trabajando pero no recibirán su salario hasta que se apruebe el presupuesto anual.

Irónicamente el Presidente de Estados Unidos, los Diputados y Senadores sí cobran su salario mensual.

Es imposible saber hasta dónde llegarán los estragos a la economía de nuestro país vecino, pero según Marc Zandi, Jefe Economista y Cofundador de la consultora Moody’s Analytics, se estima que el daño de una parálisis de tres a cuatro semanas sería del orden de 55 mil millones de dólares, sin embargo en caso de mantenerse por un periodo prolongado, sumergiría Estados Unidos en una recesión.

¿Qué motivó el “apagón” gubernamental?

Los diputados republicanos, principalmente su ala más conservadora conocida como “Tea Party”, aprobaron un proyecto de presupuesto que implicaba serios recortes al programa estrella de la política social del presidente Barack Obama, conocido como “Obamacare” o Affordable Care Act que significa una reforma a la ley federal de salud de Estados Unidos por virtud de la cual se crea un sistema de seguridad social universal.

Por otra parte la mayoría de los Senadores que son del partido demócrata rechazaron la propuesta de los diputados republicanos, y ante la falta de acuerdos en la fecha límite para aprobar el presupuesto para 2014, el gobierno, según las disposiciones legales de aquel país se vio obligado a suspender todas las actividades no consideradas indispensables.

Es una pena que por una diferencia en un programa social, se “secuestre” al gobierno de todo un país.

En México, el presupuesto de egresos de la federación debe aprobarse por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre del año anterior, y aunque existe mucha especulación legal sobre qué sucedería si esto no pasa, la verdad es que existe una laguna legal, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias prevén este supuesto.

En la realidad lo que ha sucedido es que los legisladores “detienen el reloj parlamentario” y en ocasiones, de facto, el presupuesto se aprueba en una fecha posterior.

Ahora, frente al escenario que se vive con nuestro vecino del norte, vale la pena reconocer la importancia de acuerdos entre las principales fuerzas políticas de nuestro país, donde sin duda alguna resalta el más importante de los últimos años: el Pacto por México, en el que curiosamente se encuentra como compromiso la Seguridad Social Universal (es el compromiso 1.1).

Como instrumento de una Presidencia democrática, el Pacto reúne diferentes corrientes en un esfuerzo por el desarrollo del país.

De este documento emanaron reformas trascendentales como la de telecomunicaciones y la educativa y en él se prevén otras modificaciones que en principio parecieran motivo de disenso entre priistas, panistas y perredistas, sin embargo este esfuerzo ha abierto un espacio de debate civilizado a partir del cual surgen acuerdos que son llevados de manera unánime al Congreso de la Unión en donde los legisladores tienen la última palabra, pero cuentan con el precedente de sus partidos políticos para fijar sus posturas y consecuentes votos en el proceso legislativo.

Sin duda el Pacto es perfectible como todo acto humano, también es cierto que las reformas no siempre serán del agrado de todos, pero las fuerzas políticas que lo integran representan a la mayoría de los mexicanos, y eso es precisamente una de las premisas de la democracia, que las minorías respeten las decisiones de la mayoría.

Gracias a esta forma de hacer política, de tomar acuerdos antes que decisiones unilaterales, México está lejos de una parálisis como la que enfrenta Estados Unidos.