A raíz de la aprobación de la Reforma Educativa y de las leyes secundarias que la complementan, la clase magisterial a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezó un movimiento opositor, que ha fracasado, porque no tuvo la capacidad de frenar la aprobación de dicha Reforma, que obliga al magisterio a someterse a procesos de evaluación para conservar sus plazas y continuar con esta noble profesión.

Aunque en el discurso político, el Secretario de Educación Federal, Emilio Chuayffet, ha sostenido que no peligra la estabilidad laboral de los maestros, porque de no aprobar las evaluaciones se les darán otras oportunidades, lo cierto es que existen muchas dudas sobre los criterios que se aplicarán y sobre todo de quiénes conformaran el Instituto Nacional para la Evaluación.

La evaluación es un tema al que todo mundo le ve virtudes, hasta que no se nos aplica y es el caso de los funcionarios públicos de todos los niveles, desde el Ejecutivo federal, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, cuya actuación con pésimos resultados la padecemos todos los mexicanos, sin que legalmente exista un mecanismo que los sujete a procesos evaluatorios y mucho menos se les sancione cuando no cumplen con su función o bien lo hacen en forma deficiente.

Cuántas veces nos enteramos que algún funcionario público no cumple con su trabajo o que algún diputado o senador falta a las sesiones del Congreso, o que nunca presentó ninguna iniciativa durante su encargo y a pesar de ello cobro religiosamente su salario gracias a los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. 

Qué pasaría si al igual que a los maestros se calificara el desempeño de los funcionarios y se les llegara a sancionar con su destitución, cuando no aprueben los exámenes respectivos o se les declare incompetentes para desempeñar el cargo.

Seguramente esta propuesta representa una utopía en un país como el nuestro en que la corrupción se premia con la impunidad y en el que la incapacidad, o competencia y malos resultados se premian con puestos de más alto nivel para la clase política.

La lucha de los maestros de la CNTE debe llevarnos a reflexionar sobre el  futuro de nuestro país, ya que la evaluación obligaría a todos a dar mejores resultados y actualizarnos en las áreas en las que laboramos.