Históricamente hay dos factores que han intervenido en la convivencia de los poblanos y el gobierno. Cuando ambos se unen, se cruzan, la historia de la ciudad se modifica sustancialmente.

Uno es la vida interna de la Universidad Autónoma de Puebla, el otro el sistema de complicidades que existe en el transporte público de la Angelópolis.

Hace casi 4 décadas que los poblanos no escuchaban de un asesinato de algún personaje ligado a la vida universitaria. El caso de Enrique Cabrera aún está en la memoria de muchos poblanos que vivieron aquella fatídica década de 1970 que dejó a muchas viudas, huérfanos y gobernadores en el banquillo.

El secuestro de unidades del transporte por parte de universitarios tuvo que ver con el agrandamiento del problema entre la sociedad civil, empresarios y el gobierno. Las consecuencias duraron muchos años, apenas a finales del siglo pasado se acabó de "cerrar el ciclo".

Esta última semana se presentaron dos hechos históricamente guardados en el cajón de la memoria colectiva poblana: el asesinato de un ex rector de la Buap, Samuel Malpica, no aclarado aún; y la paralización del transporte por acciones de concesionarios y choferes que verán afectados sus intereses por la acción del gobierno con su proyecto de la RUTA línea 2.

Por otra parte quiérase o no pensar en los defectos del proceso electoral de este día, el ciudadano no puede apartar su vista de los errores, crasos, de la autoridad electoral, salpicados de autoritarismo del Ejecutivo y complacencia del Legislativo. Nada nuevo bajo el sol, los gobiernos de las siete décadas tricolores no se distinguieron por ser menos.

El comportamiento de presidente del Instituto Estatal Electoral ha sido a la manera de un títere cuyos hilos penden de la mano del Ejecutivo, con la agravante de desconocer la ley. Recuérdese aquella declaración de que los votos de unos se podían ceder a otro de los contendientes.

El exceso de publicidad, que seguramente habrá sobrepasado desde hace mucho los topes de campaña, más la violación a los reglamentos municipales en agravio a la autonomía del Ayuntamiento y su Código Reglamentario.

La sustitución de unos 5 mil funcionarios de casillas, abre otra sospecha sobre la verticalidad del proceso. El extravío o robo de sellos de seguridad de las boletas, como el caso del distrito XI, aunque repuesto, presenta un ángulo de vulnerabilidad sobre la alteración de los paquetes electorales.

Todo ello hace reflexionar en que antes de iniciar la jornada de este día, se ha perdido un voto, el voto de confianza en la autoridad electoral.

Pero aún así, los ciudadanos debemos aportar nuestro mejor esfuerzo, formar fila, votar en favor de alguien o en contra, pero no abstenernos, pues el costo del sufragio, cercano a los cien pesos, constituye un gasto del dinero público.

Y si a eso sumamos las "aportaciones" o desviaciones de presupuesto público o privado, el proceso electoral es caro, incluso raya en el derroche.

¿Quien está dispuesto a meter dinero a una campaña para perderlo?

Un voto se ha perdido, el de la confianza en el árbitro.

jesusmanuelh@mexico.com