Un matrimonio de adultos mayores denunció haber sido víctima de un presunto fraude que derivó en la pérdida de un terreno de casi diez hectáreas y un adeudo judicial cercano a 4 millones 950 mil pesos.

La situación provocó además el congelamiento de sus cuentas bancarias y la suspensión de sus ingresos por pensión.

De acuerdo con documentación legal y el testimonio de los afectados, Pantaleón Castillo González y Carmen Santiago Ochoa, propietarios del predio denominado "Los Huamúchiles", ubicado en la sección cuarta del municipio de Cuayuca de Andrade, perteneciente a Tepexi de Rodríguez, arrendaron el terreno en marzo de 2017 a José Pedro Martínez Hernández para el desarrollo de un proyecto productivo.

 Un matrimonio de adultos mayores denunció un presunto fraude que les hizo perder un terreno de casi 10 hectáreas en #CuayucadeAndrade y enfrentar una deuda judicial de casi 5 millones de pesos. Además, tienen sus cuentas congeladas. pic.twitter.com/nA1m51y4vc

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 5, 2026

El contrato de arrendamiento fue ratificado ante la Notaría Pública número 3 de Tecamachalco, a cargo del notario Jorge Verduzco Murillo, con una vigencia de ocho años.

Sin embargo, el conflicto escaló años después cuando, según consta en un estudio jurídico del caso, los propietarios fueron demandados como garantes hipotecarios de un contrato de apertura de crédito por 4 millones 950 mil pesos.

De acuerdo con los afectados, José Pedro Martínez se presentó en el domicilio de la pareja para solicitar su firma, argumentando que se trataba de un trámite ante la CFE; sin embargo, los hizo firmar una carta poder que utilizó para despojarlos de su propiedad.

El juicio mercantil fue admitido en noviembre de 2021 y, posteriormente, en octubre de 2023 se dictó sentencia definitiva que los obliga al pago de las prestaciones reclamadas. Aunque los afectados promovieron un amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el procedimiento judicial continúa en curso.

De acuerdo con el expediente, se han promovido incidentes para cancelar el embargo de cuentas destinadas al pago de pensiones del IMSS y del programa de Bienestar, recursos que actualmente permanecen retenidos.

La pareja solicitó apoyo a su sobrino, el diputado federal Eduardo Castillo, y a su sobrina, la presidenta municipal de Cuayuca de Andrade, Lorena Castillo López; sin embargo, ninguno de los dos ha mostrado interés en el caso.

En un principio les fue asignado un abogado, quien les informó que cobraría 500 mil pesos por concepto de gastos iniciales, al no contar con ese monto, el abogado dejó de atender el caso.

Los denunciantes sostienen que nunca recibieron dinero del crédito y aseguran que fueron engañados para firmar documentos bajo el argumento de que serían utilizados para realizar trámites de servicios básicos en el terreno.

Además, afirman que el predio arrendado se encuentra actualmente ocupado y con construcciones, mientras que los pagos del arrendamiento dejaron de realizarse antes de concluir el plazo pactado.

Adultos mayores sin ingresos y con cuentas congeladas

La situación económica de la pareja víctima del fraude a adultos mayores se ha deteriorado significativamente.

Según explicaron, las cuentas donde recibían su pensión laboral y los apoyos para adultos mayores permanecen congeladas.

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Actualmente subsisten con ingresos ocasionales: Pantaleón, de 89 años, trabaja como “viene viene” en el estacionamiento en una pizzería, mientras su esposa realiza diversas labores para contribuir al sustento del hogar.

Ante la situación, los afectados solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para revisar el caso y determinar posibles responsabilidades.

El predio en disputa, ubicado en la zona conocida como Los Huamúchiles, tiene una extensión aproximada de nueve hectáreas con más de noventa áreas, patrimonio que la familia afirma haber construido durante años de trabajo.

Mientras tanto, el litigio continúa en instancias judiciales, donde deberá definirse la legalidad de las operaciones financieras y la responsabilidad de las partes involucradas. (KR)