​

La audiencia inicial por el delito de tortura y abuso de autoridad en contra de seis funcionarios del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros en agravio de dos periodistas duró más de 12 horas y al final la jueza concedió la duplicidad de término, por lo que se sabrá si los imputados quedarán vinculados a proceso hasta el próximo martes.

Desde las 10:00 horas del jueves 11 de julio, hasta la madrugada del viernes 12 de julio, alrededor de las 04:30 horas, duró la audiencia inicial en contra de seis funcionarios del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Irene Olea, cinco de ellos por el delito de abuso de autoridad y tortura, mientras que otro más sólo por uno de estos crímenes. La cita fue en el juzgado federal ubicado en el Camino al Batán.

Los funcionarios que fueron citados a esta audiencia por los delitos de tortura son cinco policías y un juez calificador; cabe destacar que este último ya fue vinculado a proceso por usurpación de funciones y falsificación de documentos.

La juez inició la audiencia en la que fueron mostradas más de cien pruebas en contra de los imputados con el fin de probar que las dos periodistas, Michelle y Natali, así como dos activistas más, fueron víctimas de este tipo de agresiones en marzo de 2023 durante un evento con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Cabe recordar que el día de la agresión, las periodistas fueron perseguidas, privadas de la libertad y posteriormente trasladadas a los separos en donde fueron golpeadas y víctimas de actos de tortura, así como de tocamientos lascivos.

Tras el desahogo de las pruebas, un agente del Ministerio Público federal le solicitó a la jueza que le fueran imputadas medidas cautelares a los acusados como la prisión preventiva justificada, principalmente porque las víctimas temen por su vida ante este episodio que vivieron, así como por el reciente homicidio de Socorro Barrera, quien era testigo protegido de la FGR precisamente por este caso, pues ella testificaría en contra de los funcionarios de Izúcar de Matamoros.

Sin embargo, la jueza no concedió la petición argumentando que los imputados mostraban disposición de acudir a las audiencias, por lo que todos ellos continuarán su proceso en libertad y lo único que la autoridad judicial federal les solicitó es que el próximo 15 de julio acudan a firma periódica, así como tener prohibido acercarse a las víctimas.

Al final, la defensa de los seis funcionarios solicitó la duplicidad de término y esto fue concedido por la juez, por lo que ninguno de ellos quedó vinculado a proceso por tortura y abuso de autoridad ya que otorgó un plazo de 144 horas.

Esto significa que será el próximo martes 16 de julio a las 10:00 horas cuando se defina el futuro de estos cinco policías y el juez calificador acusados por estos delitos si serán o no vinculados a proceso.

La agresión contra dos periodistas en Izúcar

Fue el 10 de marzo del 2023 cuando las reporteras y hermanas Natali y Michelle Hoyos López acudieron al centro de Izúcar de Matamoros para cubrir las actividades que realizaba la colectiva feminista “Marea Purpura” en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Cuando las actividades culminaron, y debido a que estaba oscureciendo, las hermanas decidieron regresar a sus domicilios. Cinco mujeres acompañaron a las reporteras en su camino, además una de las activistas pidió a Natalie y a Michelle un “aventón”, a lo cual las hermanas accedieron y pasaron a dejarla a su casa.

A los pocos minutos entre 15 y 19 policías municipales de Izúcar de Matamoros interceptaron el vehículo donde viajaban. Cuando ellas cuestionaron a los uniformados el motivo por el cual estaban ordenándolas les argumentaron que habían “ensuciado la vialidad” tras las actividades del Día Internacional de la Mujer.

Los uniformados, de manera brusca, las bajaron de su automóvil y las subieron a una patrulla. Las dos reporteras dijeron que el motivo por el que se las estaban llevando así era ilegal, pero policías les respondieron: “Son órdenes de la jefa”.

Fue así como Michelle, Natali y las activistas fueron incomunicadas y privadas de la libertad, para después ser llevadas a la subcomandancia de Izúcar, donde a todas ellas las metieron a los separos, ahí los oficiales, incluyendo hombres y mujeres, las golpearon, humillaron, torturaron, las obligaron a desvestirse y los mismos policías les hicieron tocamientos lascivos.

Tras estar más de seis horas en los separos de Izúcar las jóvenes fueron liberadas, pero tuvieron que pagar una multa de mil 900 pesos; el motivo siguió siendo el mismo, una falta administrativa por “haber ensuciado la calle”.

Cuando Natalie y Michelle denunciaron de manera pública esta agresión responsabilizaron a la alcaldesa de Izúcar, Irene Olea. (MIG)