Aunque es buena medida que las víctimas puedan denunciar en cualquier agencia del Ministerio Público, se necesitan indicadores que evalúen el desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Simón Alejandro Hernández León.

En entrevista para e-consulta, el académico expresó que la especialidad de las fiscalías propició que muchos ciudadanos fueran remitidos a otras instancias.

A decir del analista, remitir a las fiscalías especializadas generó un indicador artificial de bajos indicies delictivos porque desincentivó la cultura de la denuncia.

Ante este contexto, piensa que para la victimas resultará favorable que sin tener conocimiento de las unidades especiales puedan denunciar en la agencia del Ministerio Público que le quede más cerca.

Sin embargo, enfatizó que es el primer paso para el acceso a la justicia porque las denuncias deben formalizarse en una investigación y concluir en una sentencia.

“Según el INEGI, menos del 50 por ciento de las denuncias se formalizan en una investigación. De esas, el 10 por ciento llegan a judicializarse”, explicó el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Ibero.

Garantías para las víctimas de delitos

Para incentivar una cultura de denuncia, el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón explicó que se debe implementar una política integral de protección a víctimas.

“Muchas veces se desestiman las situaciones de riesgos que se denuncian, pero no se actúa en consecuencia, se coloca a las víctimas en escenarios de riesgo, pueden ser delitos comunes o más graves donde participan el crimen organizado”, expresó el académico.

Además, para que tengan confianza en la labor del personal de la fiscalía deben existir indicadores del ingreso y salida de los casos que se atendieron y resolvieron.

“Cuántas carpetas se forman, en qué tiempo concluyen, cuántas se judicializan (…) Es ahí en donde se requiere generar estos indicadores para verificar que las medidas sean efectivas (…) no sólo que se acuse porque a lo mejor se absuelve a la persona porque no se investigó adecuadamente”, enfatizó Simón Alejandro Hernández.

De acuerdo con el académico, las autoridades también deben capacitar a los servidores públicos y destinar los recursos económicos suficientes porque es inviable que un agente del Ministerio Público atienda entre 80 y 100 casos. Además, tienen que contar con las oficinas y el equipo necesario para desempeñar sus funciones.

“Si no hay suficientes recursos, la voluntad política y las medidas que implemente la fiscalía van a ser insuficientes”, enfatizó el también coordinador de la Licenciatura en Derecho.

El 7 de enero, la fiscal Idamis Pastor Betancourt, informó que para evitar los traslados y la revictimización, la ciudadanía podrá interponer su denuncia en cualquier agencia del Ministerio Público. (CR)