La empresa de origen canadiense Almaden Minerals y su subsidiaria Almadex Minerals, iniciaron acciones legales contra el gobierno de México en el área de arbitraje comercial del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y es que la minera reclama al menos 200 millones de dólares tras la anulación de sus títulos de concesión para explotar oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán en Puebla.

Cabe destacar que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dictaminó la revocación de estos títulos en el 2022, con el argumento de realizar consultas previas a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones mineras.

El proyecto en cuestión, operado por la filial Minera Gorrión, alega inversiones en Ixtaca, por parte de Almaden, en un inicio por 40 millones de dólares y planes de expansión que podrían alcanzar hasta mil 270 millones de dólares, además de la promesa de crear 600 empleos directos en la región; sin embargo, la Secretaría de Economía optó por no renovar las concesiones otorgadas en 2003 y 2009, basándose en preocupaciones ambientales, sociales y culturales.

Almadex dio a conocer que desde diciembre de 2021, notificó a la Secretaría de Economía su intención de recurrir al arbitraje internacional si no se lograba un acuerdo. Una reunión de conciliación celebrada el 30 de mayo de 2022 entre representantes de la empresa y funcionarios federales, no logró resolver las diferencias, lo que culminó en la presentación formal de la demanda el 27 de junio del mismo año.

La denuncia se fundamenta en presuntas violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), destaca la falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas afectadas previos otorgar la concesión, pues la empresa argumenta que, de haberse realizado de manera previa y de haber respetado los derechos de los pueblos indígenas desde el inicio del proceso, se habría evitado la revocación de las concesiones.

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y otras organizaciones han respaldado las decisiones que limitan o cancelan proyectos mineros en áreas de alta sensibilidad ambiental o cultural, bajo el argumento de que estos proyectos podrían tener efectos adversos irreparables sobre las comunidades y sus entornos naturales. Por otro lado, Almadex sostiene que  contaba con el apoyo de una parte de la población local.

Se espera que el proceso entre Almadex y México se extienda entre dos y cinco años antes que se emita un veredicto final, mientras tanto las partes involucradas defenderán sus posiciones ante el tribunal internacional.

De manera reciente el presidente López Obrador informó sobre un conflicto con una empresa china por concesiones de litio, en este sentido dijo, buscaría el diálogo e incluso acudiría a paneles internacionales.