Luego de que la Secretaría de Economía declaró improcedentes las concesiones que Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals, tenía en Ixtacamaxtitlán, pobladores pidieron al Juez de Distrito que dé por cumplida la sentencia y se cierren así siete años de disputa.

Los habitantes del ejido de Tecoltémic, poblado de Ixtacamaxtitlán, ganaron la resolución de la Secretaría de Economía que declaró que no es factible otorgar títulos de concesión debido a los impactos sociales y ambientales en la Sierra Norte de Puebla; además, desmintieron un comunicado de la empresa tras el dictamen que emitió la dependencia el 22 de febrero, pues asegura que se priva a la comunidad de una consulta indígena para decidir sobre el tema.

La minera dice que la declaratoria de improcedencia es contraria a la determinación de Economía en 2003 y 2009 en relación con el otorgamiento de las concesiones y no considera que Minera Gorrión ha cumplido puntualmente el pago de impuestos por más de $30 millones de pesos, además de que ha invertido alrededor de 830 millones de pesos.

 Presuntamente la empresa canadiense Almaden Minerals busca instalar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de #Ixtacamaxtitlán. https://t.co/cE94vAc0kl pic.twitter.com/ekaxQ69yCQ

— Periódico e-consulta (@e_consulta) December 1, 2022

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"La determinación parece indicar que se está privando a las comunidades de ser consultadas sobre el otorgamiento de las concesiones y manda un mensaje de incertidumbre jurídica a toda la industria y la inversión”, agrega.

La defensa de Ixtacamaxtitlán

Habitantes de Ixtacamaxtitlán explicaron este martes que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en febrero de 2022, indica que dicho ejercicio sólo debía realizarse si la Secretaría encontraba factibles las concesiones.

“Por tanto, al haberse declarado la no factibilidad resulta improcedente llevar a cabo la consulta y debe darse automáticamente por cumplida la sentencia emitida por el Juez de Distrito a cargo de la ejecución”, señalaron.

Francisca Zamora Morales, una de las habitantes de Ixtacamaxtitlán, explicó que el proyecto afecta a más de 20 comunidades: “Ahí nace el río Apulco que es importante para más de 20 comunidades y desemboca en Veracruz, todos estábamos en riesgo. Tenemos la esperanza de que el juez de por cumplida la sentencia y la minera se vaya ya”.

La sentencia de la SCJN

El 16 de febrero de 2022 el Juez de Distrito ordenó a la Secretaría de Economía pronunciarse sobre la factibilidad o no de otorgar nuevamente títulos de concesión minera a la canadiense Almaden Minerals.

En cumplimiento a ese mandato judicial, la Secretaría de Economía (SE) realizó el estudio correspondiente y declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento, y el 22 de febrero la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi fueron notificados del escrito de dicha dependencia.

Aunado a la decisión de la Secretaría de Economía, se suman las Evaluaciones de impacto Social y Ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, citados en el escrito de Economía.

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En dichos documentos se concluye que no es factible otorgar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

Frenan los trabajos de la empresa Almaden Minerals; conceden amparo para la comunidad indígena de Tecoltemi luego de que se otorgaron de manera ilegal dos concesiones a la minerahttps://t.co/2F4ZozX0mU

— Periódico e-consulta (@e_consulta) April 24, 2019

Armonizar la Ley

En la conferencia de prensa participaron integrantes de la comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, Fundar Centro de Análisis e Investigación A. C. y Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

Explicaron que para evitar que se inicie nuevamente una lucha contra algún proyecto de esta índole, debe modificarse la Ley Minera y cambiar el régimen de las concesiones.

Datos actualizados de Fundar señalan que se han entregado 25,267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21.3 millones de hectáreas del territorio nacional, en múltiples casos a costa de la violación sistemática de los derechos de las comunidades.

Exigieron que se reforme la Ley Minera para retirar el carácter de preferente y la utilidad pública a esta actividad y se prohíba la minería a cielo abierto en México.