La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se presentó a declarar ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en relación con la desactivación de un equipo policial anticorrupción horas antes de la detención de su hermano, Nicanor Boluarte.

Este caso ha generado una investigación sobre posible obstrucción a la justicia por parte de la mandataria.

 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. pic.twitter.com/l5lF6fxWzt

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 27, 2024

Boluarte Zegarra, llegó al despacho del fiscal general, en el centro de Lima, bajo un fuerte resguardo policial, como parte de la investigación que se le ha abierto por una presunta obstrucción a la justicia, ya que el equipo policial desactivado participaba en una investigación contra su hermano Nicanor Boluarte.

Mientras su abogado, Juan Carlos Portugal, afirmó que la presidenta no se mantendrá en silencio ante las autoridades. Sin embargo, se espera que el Ministerio Público mantenga la reserva del caso.

La situación se enmarca en una serie de eventos que incluyen la detención preliminar de Nicanor Boluarte, junto con otros implicados al estar investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal, dentro de la investigación conocida como operación “waykis en la sombra”.

Este caso, impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, apunta a una red dedicada al tráfico de influencias y la designación de funcionarios.

Además, la Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por el caso “Rolexgate”, relacionado con la posesión de relojes de lujo no declarados. Esta denuncia constitucional, dirigida al Congreso, podría desencadenar un proceso parlamentario que culmine en una posible acusación contra la mandataria.

La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.