Habitantes de San Pedro Benito Juárez, junta auxiliar de Atlixco, se manifestaron el fin de semana frente al palacio municipal para solicitar que la Arquidiócesis de Puebla respete los Usos y Costumbres de esta comunidad, ante el conflicto religioso que atraviesan.

"Han querido rebajar el problema a un tema de índole religioso, pero se trata de un asunto político y de racismo, por eso hacemos el llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que en la reunión del 15 de mayo en la Secretaría de Gobernación hubo racismo y ausencia de diálogo intercultural hacia este grupo que se siente engañado y que ha visto como pisotean los Usos y Costumbres de la comunidad", señalaron durante la manifestación.

Con pancartas, mujeres y hombres solicitaron que el párroco Bartolo Lara Bernardo sea retirado del templo, pues es pieza fundamental en el conflicto, así como que las autoridades religiosas en Puebla dejen que la comunidad decida sobre su templo y bienes religiosos. Los manifestantes estuvieron  acompañados de su asesora legal, la abogada Yuteita Valeria Hoyos Ramos.

Este grupo de habitantes tienen interpuesto ya un amparo bajo el número 1285/2023, ya que esta disputa no sólo ha alterado la administración de los rituales religiosos y las celebraciones comunitarias, puesto que el templo está rodeado de personas que según los inconformes pertenecen a Antorcha Campesina y acamparon alrededor de lugar, impidiendo el acceso de la comunidad.

Todo esto ha “amenazado la estructura misma del sistema de cargos de la comunidad, uno de los pilares de identidad y gobernanza interna”, aseguraron por el altavoz. Fue el 28 de abril cuando el grupo que sigue al párroco tomó el templo.

"No se trata de un conflicto que nace de la propia comunidad sino que es creado  por un poder externo que es la institución católica, es decir la Arquidiócesis de Puebla", apuntaron.

Sus exigencias son que el presidente auxiliar Gabriel Silva Lozano ordene al grupo que respalda al párroco,  que salga de la parroquia y deje de amedrentar la paz comunitaria: “que dejen de violentar nuestros derecho humanos al exponernos a un linchamiento social y a exponernos a agresiones dentro y fuera de la comunidad al dar nuestros nombres públicamente con falsas acusaciones", indicaron.

Otras exigencia es que el clero de Puebla respete los usos, costumbres y autonomía de esta comunidad al ser un pueblo originario con un sistema de cargos tradicionales que ha regulado su vida social durante siglos.

La disputa data de hace ocho años, tras un cambio de administración parroquial que desafió el manejo tradicional  de los archivos y limosnas de la comunidad, la situación se agravó con la llegada del párroco Bartolo Lara Bernardo señalado por no respetar las costumbres de la comunidad. (MCJ)