Raquel Avendaño Fernández, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género en Contra de las Mujeres, pasó de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres a defender deudores alimenticios señalados por jueces.

La Red Plural de Mujeres lamentó el hecho, al que calificó de “una contradicción brutal” y una muestra más de que esa fiscalía nunca contó con perspectiva de género, lo que siempre fue denunciado”

Organizaciones y colectivas feministas señalaron que Raquel Avendaño Fernández, exfiscal especial en la FGE y exprocuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia en el DIF, representará en tribunales a Amado E, exfuncionario del DIF, contra la madre de sus tres hijos, quien le reclama el convenio de pensión alimenticia que ha incumplido desde 2017.

Para Gabriela R este nuevo revés en el proceso legal, que lleva más de 5 años, representa otro esfuerzo más del exfuncionario para dejar de cumplir su obligación económica, a la que que fue obligado por tribunales y que a la fecha se ha acumulado. “Temo que el proceso se prolongue aún más, temo que por colusión se dé carpetazo y que esta violencia para mí y mis hijos quede impune y enterrada”

Para Mónica Díaz de Rivera, extitular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la actuación de la exfiscal no es una “contradicción” pues ella nunca estuvo comprometida con la defensa de las mujeres. “La comunidad feminista siempre señaló que la funcionaria no tenía el perfil idóneo para dirigir dicha dependencia en la entidad. Yo nunca vi su compromiso con la defensa de las mujeres, no es contradicción sólo es la forma en la que se condujo siempre”.

Desaparecen pruebas contra exfuncionario del DIF

Gabriela, representante de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida libre de Violencia, ha denunciado públicamente que desde 2016 Amado E, —exfuncionario de Ciudad Modelo, DIF y secretario técnico del Ayuntamiento de Puebla—, ha usado sus conexiones políticas para incumplir con su responsabilidad en Acuerdos Alimenticios que él mismo emitió y que, a la fecha, ha sido incapaz de cumplir.

El lunes, Gabriela fue notificada de la próxima audiencia para desahogo de las pruebas en el Proceso por Ejecución del Convenio de pensión alimenticia contra Amado E, pero le hicieron saber que “no están la pruebas que ella presentó”, pese a que cuenta con el acuse donde éstas se entregaron en tiempo y forma.

Gabriela precisó que esta “casual desaparición de pruebas” en el proceso legal contra su deudor alimenticio se da inmediatamente de que la exfiscal Especializada en Delitos de Violencia de Género en Contra de las Mujeres tomara el caso de su violentador económico.

Gabriela cita que entre los riesgos de que Avendaño defienda a un deudor no sólo está el retraso de su caso por años, sino el mensaje que recibe Amado, pues socialmente esa defensa legitima su violencia contra mujeres y niños.

Un cuestionamiento más para Raquel Avendaño

La colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida libre de Violencia, la Red Plural de Mujeres, así como otras activistas, hicieron un llamado de atención de que ante el avance del caso en tribunales, la nueva abogada nombrada por el deudor fuera titular —hasta 2022— de la Fiscalía Especializada En Delitos de Violencia de Género en Contra de las Mujeres y procuradora de la defensa del menor del Sistema Estatal DIF.

“Este hecho nos parece muy preocupante ante el incremento de violencia en contra de las mujeres, sus hijas e hijos. Ciertamente el deudor tiene derecho a contar con una defensa y la abogada a ejercer su profesión; sin embargo, es incongruente que se pase de tener la responsabilidad de investigar la violencia contra las mujeres para que puedan acceder a la justicia, así como defender los derechos de las y los menores, a representar a una persona que ejerce esa violencia de diversas formas.

“Nos hacen dudar aún más de las autoridades y el sistema de justicia mismo, pues esperaríamos que cuando se viene de tener contacto de primera mano con la situación y el nivel de violencia en contra de las mujeres, los conocimientos y experiencia se colocarán del lado de las víctimas y no de los victimarios”

“Las colectivas y organizaciones señalaron el caso de activistas y sobrevivientes de violencia que habían expresado su molestia respecto al actuar de la exfiscal durante su paso por la FGE, por lo que esto sólo viene a incrementar nuestros cuestionamientos y preocupaciones”, sostiene el pronunciamiento.

Abigail, fundadora de la organización Madres Viviendo Violencia Vicaria, denuncio la violencia institucional, omisión y dilación en su proceso legal de parte de Avendaño en su denuncia contra su expareja —un importante empresario proveedor de Volkswagen, entre otras armadoras— al que acusó de violencia sexual e intrafamiliar.

El caso escaló cuando Abigail se dio cuenta que su carpeta tenía filtraciones de ministerios públicos y que su caso estaba empantanada dentro de la FGE.

“Busqué a Avendaño porque era Fiscal Especial, revisó mi carpeta después de hacerme esperar más de seis horas. Luego de la entrevista me dijo que daría seguimiento por lo delicado del caso, revisó mis documentos pero nunca más supe de ella, el retraso de mi carpeta ha sido de más de un año”

Abigail atribuye la actuación de Raquel Avendaño a falta de compromiso y una deficiente información sobre perspectiva de género. “Le quedó grande el nombre de fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género en Contra de las Mujeres”, sostuvo.

Una Fiscalía Especializada en Género inexistente

Tanto Socorro Quezada, integrante de la Red Plural de Mujeres y exdiputada, como Mónica Díaz de Rivera, extitular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sostuvieron la lucha emprendida por la integración de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género en Contra de las Mujeres.

“Luchamos mucho por la creación de esa fiscalía que pretendía facilitar el acceso a la justicia para las mujeres. Jamás la tuvimos, funcionarios la convirtieron en un instrumento de adorno”, coincidieron.

Ambas se refirieron a que la designación de Raquel Avendaño fue refutada por colectivos y organizaciones feministas que ya advertían el perfil de la funcionaria, su incapacidad e insensibilidad.

Incluso el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó explícitamente su destitución por la “suciedad” en el tratamiento del feminicidio de Zyanya, la médico pediatra víctima de violencia feminicida en 2018.

Socorro Quezada, una de las voces feministas más reconocidas, calificó el tratamiento de Avendaño a las mujeres como ruin. “Lo denunciamos desde el primer momento pero el fiscal hizo caso omiso”, sostuvo.

Quezada retó a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial, a que se realizara un diagnóstico con sólo dos preguntas a sus funcionarios:

• ¿Qué crees que es la perspectiva de género?
• Y tú como funcionario, como MP, como juez o jueza, ¿cómo aplicas la perspectiva de género en tu práctica diaria?
• “Ya hemos solicitado por escrito este diagnóstico, nosotras podemos hacerlo si nos dan el acceso”, retó.

Amado: una historia de trampas y colusiones

Gabriela reveló el calvario que ha significado acceder a la justicia en un proceso contra el funcionario, con el que cumplió 11 años de matrimonio del que nacieron 3 hijos. “Cuando se formalizó su separación, Amado E fungía como secretario técnico del DIF —entonces presidido por Martha Érika Alonso de Moreno Valle— lo que le permitió contar con un convenio de Guarda, Custodia y Pensión Alimenticia en el centro de mediación del DIF a su favor en 2016, el que no fue capaz de cumplir.

En junio de 2018 el exfuncionario fue demandado por el incumplimiento del convenio, proceso que consta en el Juzgado 5 de lo Familiar de Puebla. “En su respuesta, el señor argumentó una serie de mentiras y contradicciones buscando evadir el pago de los adeudos de la pensión alimenticia, tales como recibos de gastos en ropa, medicamentos, telefonía, papelería y otros que no correspondían a artículos que alguna vez le haya entregado a nuestros hijos. Pretextó incluso estar pagando un crédito bancario que habría adquirido posterior al divorcio”.

En entrevista, Gabriela recordó que unos días luego de que fuera notificado por la Ejecución de Convenio, suspendió las visitas voluntarias y promovió una demanda exigiendo la guardia y custodia de los menores —en un juzgado diferente al que conocía de su divorcio. La situación resultó contraproducente para el funcionario, pues el juez determinó que esta demanda era “un castigo a la madre” y una medida para evitar pagar la pensión alimenticia.

En enero del 2019, el juez sentenció a favor de la madre y ratificó la guardia de los menores a Gabriela, que de nuevo tuvo que retomar la lucha por la pensión alimenticia, esta vez cuando Amado ocupaba el cargo de Director de Acuerdos en el Ayuntamiento de Puebla, encabezado entonces por Claudia Rivera. “Los incumplimientos en el pago de la pensión y las visitas continuaron, a pesar de haber sido sentenciado a pagar y de que el señor ha contado siempre con empleo fijo de niveles directivos tanto en el gobierno estatal como el municipal”.

De nuevo en 2023 Gabriela presentó planillas de liquidación de las pensiones atrasadas y actualizadas, que ya acumulan más de 700 mil pesos de adeudo, pues Amado, si bien hace transferencias o depósitos esporádicos, representan mucho menos de la tercera parte de la pensión que debería estar pagando según el convenio que se firmó, habiendo meses en los que incluso no hace pago alguno “sin preocuparle en lo más mínimo que las necesidades de los niños han ido en aumento por su edad y que evidentemente el aumento de los precios hace muy difícil cubrirlas”

Ante la autoridad que lo cuestionó, Amado “no sólo presentó comprobantes que no corresponden a gastos realizados en favor de los niños, sino que dice haber estado pagando en efectivo porque así lo acordamos y que por ello no tiene los recibos correspondientes, hecho que es totalmente falso y contradictorio a lo establecido en el convenio, donde quedó especificado que la pensión debía hacerse por depósito o transferencia bancaria a la cuenta asignada.

“El discurso es el mismo de la mayoría de los deudores alimentarios: que sus ingresos son insuficientes o que no tiene trabajo, aunque por otro lado ante los niños pretexta que está muy ocupado trabajando y por eso no puede responderles el teléfono ni sus mensajes, verlos, acudir a sus eventos escolares o cumplir puntualmente con las visitas”.

A la fecha, Gabriela sostiene que no conforme con lo anterior, Amado insiste en desvirtuar el activismo que, junto con otras madres, realiza para denunciar públicamente la violencia que se ejercen contra mujeres y sus hijos. En su experiencia, las madres que se pronuncian públicamente son denunciadas por sus parejas por “actos de intimidación”, “difamación” y “daño”; Gabriela enfrenta además una denuncia por ciberacoso. (CR).