Mujeres integrantas del Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios denunciaron que en el estado existen más de mil casos de mujeres que tienen demandas contra padres que no quieren pagar las pensiones correspondientes.

La vocera del frente, Diana González, señaló que se tiene conocimiento de otras mil 500 mujeres con casos de violencia de género e institucional, al mismo tiempo que dio a conocer su propio caso, que la impulsó como una de las fundadoras del frente.

Reveló que su exesposo buscó darle una pensión de 30 pesos para la hija que tienen en común, pues este alegó que sólo percibe el salario mínimo en la empresa en la que labora, lo que Diana puso en entredicho, ya que mencionó que cuenta incluso con maestría.

No conforme con esta violencia económica, el deudor ha ejercido violencia vicaria, pues la pequeña ha sido víctima incluso de la familia de este en las visitas impuestas por el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).

Diana González reveló también que el Centro de Convivencia Familiar ha generado violencia contra los infantes, pues denunció que imponen terceras personas que puedan convivir con niños, que de por sí atraviesan situaciones de indefensión.

“No es la ley, la ley está bien, son los ejecutores los que están haciendo mal su trabajo” sentenció, pues dijo que los juicios para las madres que deciden demandar son largos, tarados y terminan absorbiendo los pocos recursos que ser madres solas les dejan.

Pues tan solo ella se encuentra esperando sentencia desde el pasado 2021, por lo que arremetió: “Salimos de una violencia familiar, para entrar a una institucional donde nos revictimizan hay sentencias que tardan años.”

También Norma Jaramillo Galicia, quien es parte de la mesa directiva del frente, confesó que los jueces encargados de los casos no juzgan con perspectiva de género y que no buscan favores, sino que los casos se lleven conforme la ley.

Además, dio a conocer que hay mujeres que sufren violencia desde la gestación, pues tan solo para que una madre pueda comprobar la legitimidad de su hijo, debe realizarse una prueba de ADN de por lo menos 20 mil pesos, cuando también deben preocuparse por los gastos de dar a luz y hacerse cargo de una nueva vida.

Dijo que los plantones o manifestaciones que han hecho públicos han generado vergüenza entre los padres deudores, pero lamentó que muchos de estos han tomado represalias en contra de las mujeres y han llegado incluso a golpearlas como venganza.

Este lunes, el Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios se manifestó en la asta bandera de Ciudad Judicial, donde montaron un tendedero de denuncias y realizaron actos simbólicos para exigir justicia por parte de las autoridades. (CR)