La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla colocó este 8 de enero sellos de clausura en el terreno en el que se gesta un millonario fraude de 174 millones a través de la venta de lotes pirata en la zona de Covadonga; hoy los invasores violaron los sellos y continúan con la venta.

Para el operativo la Dirección de Desarrollo Urbano contó incluso con el apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, minutos después de colocada la orden de suspensión de clausura, un grupo de choque de los invasores acudió a amedrentar al personal.

Los supuestos propietarios alegaron que la autoridad se encontraba invadiendo propiedad privada, el grupo hizo caso omiso de la sanción, retiró los sellos y colocó nuevamente las carpas en las que se anuncia la venta fracciones de terreno, incluso con facilidades de pago.

El predio fue invadido desde hace ocho meses por un grupo presuntamente armado que posteriormente anunció la venta de 400 lotes para vivienda y negocio, del cual aseguran contar con escrituras a nombre de Jorge Mendoza González.

Pero, de acuerdo con la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-I/007677/2023, a la que e-consulta tuvo acceso, este predio pertenece a la fundación “Julita T. Viuda de del Valle y Antonio del Valle Talavera, Institución de Asistencia Privada” desde hace más de medio siglo y fue otorgado por la fábrica Covadonga.

Hoy el caso está judicializado y un juez analiza el asunto, así lo dieron a conocer fuentes a este medio jurídicas, pues se sabe Jorge Mendoza González cuenta con registro penal por portación de arma de fuego y la escritura que presenta es apócrifa.

El fraude asciende a por lo menos 174 millones de pesos, pues el supuesto desarrollo exhibe 400 lotes a un precio de 270 mil pesos, 148 locales de 450 mil, así como 197 cajones de estacionamiento y hasta áreas verdes, todo bajo la ilegalidad.

Además, los lotes se ofrecen con facilidades de pago, por lo que muchas personas que no cuenten con la información necesaria, podrían realizar anticipos y comprometer sus ahorros y futuro en un fraccionamiento que no cuenta con recursos legales para desarrollarse.

En la carpeta en posesión de la Fiscalía General del Estado (FGE) se denuncia el delito de despojo y delitos contra el orden en el desarrollo urbano, tampoco cuentan con los requisitos legales para desarrollar un fraccionamiento, y además, se sumaría a la carpeta el delito por violar los sellos de clausura que colocaron las autoridades. (CR)