En el municipio de Izúcar de Matamoros se ha denunciado recientemente un caso de violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de vialidad y seguridad pública municipal. El caso involucra a tres ciudadanos: Reyes Gaspar, Fernando Ruiz y Fernando Tapia, quienes fueron víctimas de detención ilegal, agresiones físicas y amenazas.

Según relata Xanec Martínez, abogado y defensor de derechos humanos, Fernando Ruiz, uno de los defensores, se encontraba conduciendo su vehículo por las calles del centro de Izúcar de Matamoros cuando se percató de un retén ilegal en las calles Morelos y Guerrero. Decidió bajarse del vehículo con una cámara para documentar la situación, ya que los retenes son ilegales en México.

Al intentar intervenir pacíficamente e informar a los elementos de vialidad sobre la ilegalidad del retén, Fernando Ruiz y los siete compañeros que lo apoyaron fueron agredidos verbal y físicamente. Fueron golpeados con macanas y amenazados con armas de fuego. Posteriormente, fueron detenidos y desaparecidos durante más de 10 horas.

Durante su detención, los tres ciudadanos fueron incomunicados y no tuvieron contacto con sus familiares. Finalmente, fueron trasladados al penal de San Miguel, donde se les acusa de lesiones dolosas, sin que exista un dictamen médico que lo respalde. Las familias protestaron por la falta de pruebas y la violación de los derechos de los detenidos.

La Resistencia Civil Pacífica Nacional ha condenado estos actos de violencia y abuso de autoridad por parte del ayuntamiento municipal encabezado por la alcaldesa Irene Olea Torres y exige una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado. Se solicita que se identifiquen a los responsables de las agresiones y se tomen medidas para poner fin a la extorsión y robo por parte de elementos de vialidad y seguridad pública municipal en Izúcar de Matamoros.

El equipo jurídico de los defensores y los abogados penalistas están trabajando en la defensa legal de los detenidos, pero se ven obstaculizados por la dilatación del proceso y la falta de acceso a las carpetas de investigación y a las audiencias judiciales. Se destaca la necesidad de una defensa jurídica adecuada y de respetar el debido proceso.

Ante la falta de respuesta por parte de las instancias locales, se busca agotar todas las instancias legales y recurrir a la opinión pública, los medios de comunicación y las redes sociales para denunciar estos actos de violencia y abuso de autoridad. Se hace un llamado a las instancias nacionales e internacionales de protección a defensores de derechos humanos para que intervengan y se haga justicia.

Familiares claman justicia y denuncian irregularidades en las detenciones

En el testimonio de Andrés Abel Tapia Rincón, padre de Fernando Tapia Díaz, señaló que, durante la detención, los policías engañaron a los detenidos diciéndoles que solo les realizarían una revisión médica, lo cual resultó en su traslado al penal de San Miguel.

La falta de pruebas y la violación de los derechos de los detenidos ha generado preocupación y malestar en las familias afectadas. Esperaban que sus seres queridos fueran liberados después de las primeras 72 horas de detención, pero en lugar de eso, fueron trasladados a un penal. Incluso se reporta que los detenidos fueron privados de comida durante tres días y algunos de ellos aún no han recibido prendas de vestir adecuadas.

La situación ha generado temor en las familias, quienes se sienten amenazadas por realizar estas denuncias y hablar públicamente sobre el caso. Sin embargo, hacen responsables a las autoridades correspondientes en caso de que algo les suceda a ellos o a sus familias. La impotencia y el miedo son sentimientos que se respiran en las palabras de las personas afectadas, quienes no entienden cómo la corrupción y la violencia continúan sin ser erradicadas en el país.

Algunos ciudadanos mencionan que existe un patrón de abuso y prepotencia por parte de las autoridades en Izúcar de Matamoros. Se sienten desprotegidos y tienen miedo de denunciar por temor a represalias. La impunidad parece reinar en Izúcar, lo cual agrava la situación y genera desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.

Por su parte la esposa de Reyes Gaspar, María Félix expresó su descontento y clamó por justicia en medio de la difícil situación que están atravesando. Pidió que se le devuelva a su esposo y señaló la falta de atención médica que tuvo su cónyuge durante su detención. Según ella, Reyes fue llevado al hospital, pero no recibió atención adecuada, ya que fue mantenido esposado en una banca mientras los agentes de policía le decían que su prioridad eran los niños y mujeres embarazadas, no los supuestos delincuentes.

La esposa también mencionó sus intentos de presionar a los agentes para que atendieran a su esposo, incluso ofreciéndose a pagar por la atención médica. Sin embargo, sus súplicas fueron ignoradas y solo le dieron una pastilla para la presión sin proporcionarle la atención médica adecuada.

En medio de su lucha por obtener justicia y demostrar la inocencia de sus familiares, las familias esperan que sus seres queridos sean devueltos y que se realice una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de violencia y abuso de autoridad por parte de los agentes de vialidad y seguridad pública municipal. (XMH)