La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) en coordinación con el Congreso local buscarán reactivar la Ley Bala en la entidad con la intención de perfeccionar el protocolo de actuación para casos de linchamiento que permitiría el uso de gas lacrimógeno y bombas de gas.

Es decir, se emitirá un mecanismo que regule el uso de la fuerza pública, ordenamiento que fue conocido como Ley Bala durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle y que fue derogado en septiembre del 2018.

En entrevista, el presidente de la CDH Puebla, José Félix Cerezo Vélez, explicó que la propuesta se está trabajando con la diputada local Xel Arianna Hernández García, perteneciente a la bancada de Morena y confió en que la misma quede lista antes de que termine el 2023.

Explicó que la idea para reformar la ley nació tras el linchamiento cometido en Huauchinango, en junio de 2022, donde perdió la vida el exasesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Picazo, derivado de las complicaciones que existieron para rescatar a la víctima.

Se trataría de un protocolo reactivo, mismo que sería ejecutado por un grupo especializado de Seguridad Pública y élite autorizado para utilizar tácticas de dispersión o disuasión, entre ellas el empleo de gas lacrimógeno, agua a presión o bombas de gas.

“Lo que nosotros buscamos con la diputada es que, como está derogada la Ley Bala no hay un manual del uso de la fuerza, nosotros proponemos agregar un capitulo que indique esas atribuciones: ¿esto qué significa? Que el personal de Seguridad Pública cuando intervenga esté autorizado por esta ley”.

Agregó que harán un trabajo minucioso para garantizar que la propuesta no sea violatoria de derechos humanos para quienes participen en un intento de linchamiento y ayude a salvaguardar la integridad de las víctimas potenciales, por lo que confió en que el Pleno apoye la propuesta.

El 9 de julio de 2014, durante el desalojo de manifestantes en la autopista Puebla-Atlixco encabezado por la Policía Estatal, elementos de seguridad dispararon a quemarropa cartuchos de gas lacrimógeno contra los presentes; el resultado fue de nueve personas heridas, entre ellas José Luis Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años que murió días después a causa de sus lesiones.

Las personas eran originarias de San Bernardino Chalchihuapan, una localidad ubicada en el municipio de Ocoyucan, quienes se inconformaron  por las reformas que el Congreso de Puebla aprobó sobre la Ley Orgánica Municipal con la que se suspendió el servicio del Registro Civil en las juntas auxiliares.

Emitirán nueva recomendación por linchamiento en Tlahuapan

José Félix Cerezo Vélez señaló que el próximo mes se presentará una nueva recomendación por el linchamiento cometido a finales del mes de abril en la junta auxiliar de San Miguel Tianguistenco, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.

Recordó que hasta el momento, la CDH Puebla ha emitido cinco recomendaciones por los linchamientos cometidos en Huixcolotla, Acatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, San Marcos Buenos Aires y Huauchinango.

Destacó que en el caso particular de Huauchinango, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, se ha negado a acatar las indicaciones de la CDH Puebla sobre la reparación del daño a la familia de la víctima.

Explicó que en caso de que el estado se mantenga en omisión, de acuerdo con la Constitución, los afectados pueden acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y presentar una queja, lo que puede provocar que se emita una recomendación a su superior jerárquico, en este caso, al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.