Para descartar que algún embarazo adolescente sea resultado de un delito o agresión de naturaleza sexual, el Congreso de Puebla propuso que los Servicios de Salud estatales informen al Ministerio Público cuando se presente algún caso.

De esta manera, una vez alertadas las autoridades, tendrán que comenzar las investigaciones correspondientes para determinar “si existe alguna conducta de naturaleza penal” en torno a la gestación.

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Para ello, la diputada panista Erika Patricia Valencia Ávila presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al Artículo 64 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

En el proyecto se explica que los embarazos adolescentes “no siempre son consecuencia de que las niñas y adolescentes comienzan su vida sexual a edades muy tempranas”, ni por la poca responsabilidad que pudieran tener en el cuidado de su salud reproductiva.

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México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes, de 15 a 19 años de edad, según el Consejo Nacional de Población.

En el caso específico de Puebla, la entidad se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con más embarazos en niñas y adolescentes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De estos, el 25 por ciento corresponden a madres solteras menores de 16 años de edad.

Con la modificación a la ley, “en todos los casos que se detecten embarazos de menores de 18 años, los servicios de salud darán vista al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, para que se investigue si hay “alguna conducta de naturaleza penal”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su análisis y dictaminación correspondiente.