Asociaciones colectivas han solicitado la intervención imparcial del Poder Judicial de Puebla a fin de impartir justicia a Martha, madre poblana que lleva cerca de dos años denunciando violencia física y familiar.

Este día se está llevando a cabo una audiencia que buscaría la resolución de vinculación a proceso a Miguel N, expareja y presunto agresor de Martha y la hija menor de edad de ambos.

Previa audiencia en el Centro de Justicia Penal al sur de la ciudad de Puebla, Martha acusó que desde que interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel ha hecho presunción de influencias tanto en la propia institución como al interior del Poder Judicial del estado.

Incluso, asegura que su presunto agresor ha utilizado la presencia de familiares y amigos al interior de dichas instancias para buscar quitarle la custodia de la menor de apenas seis años de edad, aun cuando la propia madre es quien actualmente la cuida.

“He recibido diferentes amenazas por parte de mi agresor y otras anónimas para quitarme a mi hija si no hago lo que él me dice. Inicialmente él pedía que le diera a mi hija y yo tengo la guarda custodia definitiva”.

Esta situación, aseguran Martha y su abogada defensora, permitió que desde el 2021 el caso permaneciera estático, situación que terminaría este día, luego de haberse reactivado el caso ante la autoridad judicial.

Además de que aseguró, Miguel es actualmente catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Universidad Interamericana.

Situación que, a decir de la denunciante, Miguel utiliza para hacerse pasar “por un hombre recto, pero en realidad es un generador de violencia de género”, sentenció.

Las agresiones datarían desde el año 2018, cuando tras solicitarle el divorcio por agresiones previas, éste la atacó físicamente.

Ante lo cual, Martha, su abogada defensora y la asociación colectiva “Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria” esperan que la audiencia de este miércoles derive en la vinculación a proceso en contra de quien ejerce en el ámbito académico.

Además, el llamado de Martha también es hacia las autoridades académicas de las referidas universidades, a quienes instó a revisar los perfiles de las personas que contratan para impartir clases.

Lo anterior no solamente en el nivel académico, sino que las personas catedráticas posean adecuados valores y que principalmente no sean generadores de violencia de ningún tipo y menos en contra de las a mujeres.