Guerra, crisis, desigualdad. Los componentes de un mundo roto son denunciados fervientemente en el Informe 2022/2023 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo, que fue presentada en la IBERO Puebla para exponer los crímenes de lesa humanidad y la represión a las libertades universales que se viven en México y el mundo.

El rector de la IBERO Puebla, Mario Patrón Sánchez, dio una fraternal bienvenida a la organización, que fue reconocida como un agente reivindicador de la agenda de derechos humanos de manera global. La urgencia de su actuar en México es visible en eventos recientes como la muerte de casi 40 personas en un centro migratorio de Ciudad Juárez.

“[El informe] da cuenta de este México tutelado por factores reales e informales de poder que tienen una expresión alrededor de la macrocriminalidad, donde se suman poderes armados, económicos y políticos. El resultado es la institucionalidad del Estado socavada e invisibilizada, y la exposición a entornos de vulnerabilidad tenaces”, comentó el rector. 

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Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, señaló la pertinencia de este informe, que enfatiza las graves violaciones de derechos humanos que se dieron durante el último año. Agregó que el documento lleva a analizar las prácticas universitarias para aportar a una cultura de paz con perspectiva de derechos humanos ante el panorama adverso.

Una radiografía de América Latina y México

Las dolencias que atañen al contexto mexicano fueron expuestas por Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Nuestro país, que suele poner en jaque un amplio abanico de garantías individuales, registró en 2022 avances en materia de diversidad sexual, con el acceso en todo el país al matrimonio para parejas del mismo sexo, y el reconocimiento del derecho al aborto para las mujeres y personas gestantes.

Pero las buenas noticias parecen terminarse cuando se trata de seguridad y migración. La militarización es uno de los factores que se remarcan en el apartado sobre México del informe; no solo es un fenómeno que se cuela en la cotidianidad de la ciudadanía, sino un ente que comienza a institucionalizarse y, por ende, a legitimar prácticas violentas y represoras.

Amnistía Internacional ha enunciado en ocasiones anteriores las graves consecuencias que esto podría tener, ya que la intervención de la milicia en eventos de seguridad pública no garantiza la resolución de conflictos. Al contrario, es sinónimo de más muerte y sangre para el país.

La violencia contra las mujeres es un rubro que la organización ha trabajado por más de 20 años en México, con un enfoque en los feminicidios y su investigación. En este informe, pone el foco en las familias de las víctimas de estos crímenes, que son vulneradas por las instancias gubernamentales con prácticas deshumanizantes y antiéticas.

“No hay una sola entidad federativa en donde las mujeres no corramos riesgo de violencia feminicida, y no hay una sola en donde las fiscalías sean eficientes en la investigación” afirmó Olivares Ferreto. Las estadísticas dadas por la directora Nadia Castillo lo confirman: en 2022 hubo 3,754 homicidios de mujeres en México, de los cuales solo 947 fueron investigados como feminicidios.

A esto se suma la criminalización de las protestas de las mujeres por parte del Estado, quienes exigen un alto a la violencia que las acecha. Con argumentos descalificantes como que son grupos de choque opositores al gobierno en turno, se llama a la estigmatización de la protesta y la deslegitimación de las demandas.

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Si bien estas prácticas pueden verse en distintas partes del continente americano, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, nombró una de las crisis que comparten todos los países de la región y que ha sido el detonante de graves violaciones a los derechos humanos: la crisis migratoria.

Este fenómeno ha relegado a casi 19 millones de personas a la pobreza extrema, y ha evidenciado la carente respuesta de las políticas migratorias, mismas que las expertas calificaron de crueles e inhumanas. Cuestiones como el comercio humano y el uso excesivo de la fuerza a personas que huyen de sus países por las condiciones adversas, son la prueba de esos calificativos.

Un caso que enmarca esa adversidad para la vida es El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha implementado políticas de miedo para la ciudadanía racializada y empobrecida. “Un presidente que ha dejado claro que los derechos humanos no solo son secundarios, sino que simplemente no existen, creando un falso dilema entre lo que es la seguridad pública y la defensa de derechos humanos”.

En la actualidad, hay más de 66,000 personas detenidas arbitrariamente en las cárceles salvadoreñas, y por lo menos 180 personas han muerto en estos recintos, que han sido “vendidos como una respuesta simple a problemas muy complejos”, como explicó Guevara Rosas.        

“El año 2022 en particular ha sido marcado por la enorme hipocresía de los líderes gubernamentales de los Estados, que pese a las promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19 lo único que han hecho es aprovecharse de la exacerbación de la crisis en nuestro continente para hacerse de más poder”, uno que la sociedad civil organizada y las juventudes han recriminado.

Los actos de denuncia constante han sido la esperanza a la que apela Amnistía Internacional ante el desastre. Edith Olivares Ferreto consideró que los movimientos sociales latinoamericanos “continúan mostrándonos el camino, continúan construyendo alternativas comunitarias para combatir estas violaciones a los derechos humanos. Movimientos que, a pesar de la persecución, de la criminalización, del estigma, continúan levantando la voz y tomando las calles”.