La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP) adquirió un dispositivo para intervenir geolocalizaciones de celulares y otro para extraer datos de móviles para hallar desaparecidos, a pesar de carecer de facultades legales para vigilar ciudadanos al no ser de las autoridades que pueden solicitar intervenciones a comunicaciones privadas a jueces federales; sistemas que además no utilizó.

Las compras de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal revelan que la Comisión de Búsqueda firmó el 9 de diciembre del 2021 el contrato SG/CGA/DRMSG/0100/2021 por 5.2 millones de pesos con Coedra SA de CV, por “un software informático forense que ayude a la búsqueda de personas desaparecidas” que requirió de cuatro licencias, de las cuales dos se consideran para espionaje.

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Durante 2022, tuvieron vigencias las compras, dedicadas a identificar marcas en el cuerpo de personas o rastrear torres telefónicas; no obstante, adquirieron dos licencias para espionaje: el sistema Multicarrier por 1.4 millones de pesos, a cambio de mil consultas para intervenir geolocalizaciones, mediante celulares; además de la compra por 929 mil 160 pesos de Phone Log para extraer datos de móviles.

Imagen: “Licencias adquiridas por la Comisión de Búsqueda”. Los montos individuales de cada licencia del contrato son sin impuestos incluidos.

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Phone Log puede extraer información de archivos de celulares, acceder al historial de cobertura de las torres de telecomunicaciones con las que tuvo contacto el móvil o conocer sus ubicaciones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), según la ficha del producto de la empresa Tamce, otra vendedora de la licencia en México.

En el caso del dispositivo de Multicarrier funciona con el Sistema de Señalización 7 (SS7), un protocolo de las redes de telecomunicaciones que permite conocer la ubicación de un celular, a través de las torres para captar señal con las que tuvo contacto, pero para acceder a la información se requiere de previa autorización de un juez federal.

No buscan a nadie y sin facultades de uso

Tras la compra con Coedra, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó su contrato de la Comisión de Búsqueda de Puebla para sus revisiones de la cuenta pública del 2021 y confirmó que los instalaron en sus computadoras, pero hasta la segunda semana de mayo del 2022 afirmaron no utilizar los dispositivos en ninguna ocasión para buscar a desaparecidos por falta de coordinación con otras autoridades.

Al respecto, la CBPEP le informó a la ASF que el uso de los dispositivos depende de las sábanas de datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, por lo que sólo realizaron pruebas, sin detallar cuáles.

Hasta el 16 de mayo del 2022, la Comisión acordó que intercambiarían información “a fin de que con la tecnología adquirida se realicen los análisis pertinentes, cuando se solicite la intervención de la Fiscalía”.

Imagen: “ASF Observaciones Comisión de Búsqeuda al contrato de Coedra”

Otro detalle fue que la CBPEP carece de atribuciones para intervenir dispositivos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2016 el amparo de revisión 964/2015 de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que interpretó que sólo fiscalías estatales, la General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pueden solicitarlo a jueces federales.

R3D es una agrupación civil dedicada a proteger derechos digitales y en su informe “El Estado de la Vigilancia Fuera de Control” explicó sobre la sentencia a su amparo 964/2015 que, aparte de las autoridades facultadas para solicitar autorización, otras “se encuentran impedidas legalmente para llevar a cabo medidas de vigilancia”. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que hasta 2022 la ley permite abusos.

El 24 de mayo del 2022, la CNDH emitió la recomendación general 47/2022 a todo el país, luego de analizar el abuso del sistema de espionaje Pegasus en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y advirtieron deficiencias sobre compras en México:

“No hay disposiciones que establezcan de manera específica el tipo y alcances de las tecnologías utilizadas para la intervención de comunicaciones, los procedimientos para su adquisición y los controles aplicables al uso”.

También el organismo de derechos humanos detectó ambigüedades para las vigilancias legales, porque “la redacción actual de estas normas facilita a las autoridades el uso de tecnologías de espionaje tan avanzadas como Pegasus, al ser susceptible de una interpretación subjetiva para justificar, con el discurso de seguridad nacional o investigación de delitos graves”

Las intervenciones que deben contar con aprobación de un juez federal son para acceder a geolocalizaciones y conocer el historial de ubicación de las personas, como lo puede hacer el Sistema Carrier adquirido por la CBPEP; otra es para extraer información de dispositivos, características que cumple Phone Log; además, debe pedirse para intervenir comunicaciones privadas entre ciudadanos.

FGE también tiene licencias

Después de que la ASF detectó que la CBPEP no utilizó sus dispositivos para intervenir geolocalizaciones e información de celulares, le entregó a los auditores una minuta de una reunión del 16 de mayo del 2022 en la que se comprometieron a colaborar con la FGE para ejecutar las tecnologías, sin embargo, esta autoridad tiene sus propias licencias para realizar actividades similares,

Desde 2019 hasta 2021, le destinaron a la Fiscalía de Puebla 20.6 millones de pesos en tres contratos con Neolinx de México SA de CV por la licencia israelí Geomatrix, para rasatrear geolocalizaciones con la intervención de celulares mediante antenas de telefonía falsas y justificaron las contrataciones para hallar desaparecidos o víctimas de delitos de alto impacto.

En un principio, el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) de Puebla realizó dos de las compras de Geomatrix por 19.8 millones de pesos que entregó a la Fiscalía entre 2019 y 2020. A partir del 2021, la FGE firmó el contrato FGEP/PM/DA/SRM/DAA/051/2021 por la plataforma que costó 822 mil 150 pesos.

Pese a que la Fiscalía de Puebla realizó compras anuales por dispositivos para intervenir geolocalizaciones, se desconoce la cantidad de ocasiones que intervino comunicaciones privadas. Desde 2018, mantiene reservadas sus estadísticas porque “las Carpetas de Investigación, de las que se desprende las solicitudes forman parte de investigaciones en curso”, un argumento que contrasta con el resto de sus homologas del país y la FGR que publican sus registros trimestrales.