En lo que va de la LXI Legislatura, se han presentado varias iniciativas que buscan que las niñas, adolescentes y mujeres en Puebla puedan ejercer sus derechos de forma integral, en especial en materia de seguridad, salud y justicia.

Desde el 15 de septiembre del 2021 y hasta este 8 de marzo, el Congreso de Puebla ha recibido 41 propuestas para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, de las cuales sólo cinco han sido aprobadas.

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Este ordenamiento reúne las acciones y mecanismos que deben realizar las autoridades estatales y municipales, en coordinación con la federación para “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

La mayoría de ellas han sido propuestas por las legisladoras del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PRI) y el Revolucionario Institucional (PRI).

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Las 36 Iniciativas restantes se encuentran en proceso de dictaminación y fueron turnadas a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, de Igualdad de Género, y a la de Asuntos Municipales.

Algunos proyectos derivaron en la aprobación de reformas como el reconocimiento y tipificación de la violencia vicaria como delito; penas de cárcel para la sumisión química; así como garantizar la participación equitativa de las mujeres en esferas sociales, económicas, políticas, culturales y civiles.

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Los avances legislativos más recientes incluso se convirtieron en punta de lanza para las demás entidades del país, tras el avance de la Ley Monzón para revocan la patria potestad a padres feminicidas; y la Ley Ácida o Ley Malena, con la que los ataques con ácido o sustancias químicas serán considerados como tentativa de feminicidio.

Sin embargo, aún existen muchos pendientes respecto a los temas de género, siendo el más visible de ellos la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuyas reformas de ley llegaron al Pleno hace 43 meses, durante la pasada legislatura y hasta el día de hoy se mantienen en la congeladora.

PAN, Morena y PRI: los mayores proponentes

De las 41 reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, 19 pertenecen a la fracción parlamentaria del PAN; nueve a Morena; y otras nueve al PRI. 

Entre los mayores proponentes del blanquiazul se encuentran las diputadas Aurora Sierra Rodríguez con seis iniciativas, dos de ellas aprobadas; Mónica Rodríguez Della Vecchia con seis; y Nancy Jiménez Morales con cinco.

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Del tricolor, el diputado que más cambios propuso para este ordenamiento fue el coordinador de su bancada, Charbel Jorge Estefan Chidiac  con cinco proyectos, uno de ellos validado ante el pleno.

El PT reunió tres propuestas, una aprobada y dos en trámite, todas impulsadas por la legisladora Mónica Silva Ruiz, quien también sacó adelante la recién aprobada Ley Monzón y ha urgido de forma pública a sus pares que entren al debate sobre la despenalización del aborto.

La última reforma fue llevada al pleno por el diputado y dirigente del Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Froylán Navarro Corro.

Sin análisis; iniciativas se quedan en buenas intenciones

La primera reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla fue presentada por la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia el 4 de noviembre del 2021 para actualizar la definición de la violencia digital y armonizarlas con la Ley General.

Esta reforma fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género y sigue en estudio, a pesar de que ya venció el plazo de 180 días naturales en los que se debe analizar y emitir el dictamen de las iniciativas que se presentan ante el Pleno. 

Otro de los proyectos que se quedaron en el olvido fue el de la diputada petista Mónica Silva Ruiz. El 25 de noviembre del 2021, presentó una serie de modificaciones integrales para otras órdenes de protección a víctimas de violencia sin importar que sean administrativas o de naturaleza jurisdiccional.

“Son autoridades estatales y municipales competentes para emitir órdenes de protección en el estado, las personas titulares de las Sindicaturas; el Ministerio Público, así como los jueces y juezas en materia familiar y penal, así como municipales”, detalla la propuesta.

El priista Jorge Estefan Chidiac presentó una iniciativa para garantizar que las personas que presten atención médica, psicológica y jurídica a las mujeres tras la comisión de algún delito, se encuentren tituladas, capacitadas, actúen con perspectiva de género y no hayan sido sancionadas por “por ejercer algún tipo violencia”.  El próximo lunes 13 de marzo, esta propuesta cumplirá un año de su presentación.

Por su parte, el diputado y dirigente del Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Froylán Navarro Corro, buscó establecer el término de “igualdad salarial” en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

Su propuesta fue entregada el 9 de junio de 2022 y dijo que con este derecho, las poblanas tendrán una remuneración equitativa con los hombres “sin distinción de género, raza, orientación sexual, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud o jurídica”.

También el llamado G5 de Morena (José Iván Herrera Villagómez, María Yolanda Gámez Mendoza, Daniela Mier Bañuelos, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González) impulsó una iniciativa, el 23 de noviembre de 2022, para ampliar las características de la violencia digital en contra de las mujeres, que incluía la distribución de material íntimo audiovisual.

Avanzan sanciones para violencia vicaria y ácida

Entre las reformas más representativas de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla se encuentra la inclusión de las definiciones de “violencia vicaria” y “violencia ácida”.

El pasado 15 de julio del 2022, Puebla se convirtió en el sexto estado en reconocer y tipificar la violencia vicaria como delito, misma que se castigará hasta con 10 años de prisión y multas superiores a los 27 mil 600 pesos, al ser incluida como una agravante de violencia familiar.

La violencia vicaria es “todo acto u omisión intencional, con el objeto de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos; así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima”.

Las propuestas fueron impulsadas por las diputadas Aurora Sierra Rodríguez (PAN) y Mónica Silva Ruíz (PT); además, fueron complementadas por las iniciativas de las legisladoras Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), Daniela Mier Bañuelos (Morena), e Isabel Merlo Talavera (PRI).

El 2 de marzo, con 37 votos a favor, se aprobó la Ley Ácida, en la que los ataques que se cometan contra las mujeres utilizando ácido o cualquier otra sustancia corrosiva o química, se castigarán como tentativa de feminicidio y no como agravante del delito de lesiones como se hace en otros estados.

Los agresores podrían pasar de 26 hasta 40 años en prisión y pagar una multa de 333 a 666 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, de 34 mil 545 pesos a 69 mil 091 pesos.

Los diputados proponentes fueron Néstor Camarillo Medina (PRI), Aurora Sierra Rodríguez (PAN), Tonantzin Fernández Díaz (Morena), Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) y Azucena Rosas Tapia (Morena).