Han pasado 42 meses desde que llegaron al Congreso de Puebla las primeras iniciativas para que las mujeres puedan ejercer uno de sus derechos sexuales y reproductivos sin ser criminalizadas: la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Desde finales de 2019, la promesa de los 41 diputados que conforman el Pleno es “esperar los tiempos correctos” para iniciar con la discusión, asegurando que será en los primeros meses del año cuando se haga. Sin embargo, con el paso de dos legislaturas se han presentado más propuestas para agilizar la despenalización del aborto en el estado, pero ninguna ha sido discutida en comisiones.

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A tres años y seis meses de trabajo al interior del Legislativo en coordinación con colectivas feministas y expertos, que mediante parlamento abierto y reuniones han logrado fortalecer el marco legal de las iniciativas existentes, su aprobación sigue en vilo.

Además, en este 2023 no hay garantías de que el tema sea discutido en los próximos meses, ni siquiera en el año, pues de acuerdo con el presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López, aún hay parlamentarios que no están de acuerdo.

Despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar: Magadán

La activista Zavine Magadán Pérez, integrante de REDefine Puebla, explicó que independientemente de las decisiones que se tomen en el Congreso de Puebla, las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo buscarán el cumplimiento de su derecho a decidir sin importar las condiciones en las que se realice.

En entrevista para e-consulta, aseguró que seguir retrasando la discusión sobre la despenalización del aborto le resta importancia a la atención de otros asuntos como la educación integral en sexualidad, el abuso infantil o los embarazos adolescentes.

También recordó que en la entidad no todas las mujeres cuentan con la capacidad económica para viajar a Ciudad de México y acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de forma segura, lo que abona a la desigualdad, por lo que es necesario que el tema sea discutido y votado ante el pleno.

“La despenalización del aborto en Puebla no va a obligar a nadie a interrumpir su embarazo, va a garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por el contrario, el seguir posponiendo esta discusión o mantener una postura en contra, sí va a obligar a cientos de mujeres a gestar sin desear la maternidad o a abortar en condiciones precarias e inseguras”, detalló la activista.

Magadán Pérez también lamentó la falta de disposición política y definición por parte de los 41 legisladores, pues al hablar desde su ideología o desconocimiento, promueven discursos de odio, misoginia y prejuicios; asimismo, revictimizan a las mujeres que ya han tomado esta decisión.

Además, destacó que, aunque la mayoría de diputados y diputadas en el Congreso local son de izquierda, su inacción y falta de discusión le da poder a “los grupos antiderechos que mantienen una agenda conservadora”.

“El retraso está abonando a la derecha y a los grupos provida (…) Si tenemos una mayoría que se dice de izquierda en el Congreso de Puebla, lo mínimo que se esperaría de ellos es que fueran a favor de los derechos de las mujeres, infancias y juventudes”.

Exigencia de colectivas y organizaciones no alcanza para agilizar discusión

Organizaciones, colectivos feministas como Coatlicue Siempreviva, Marea Púrpura, Mixtecas en Resistencia, Coordinadora de Mujeres Universitarias e Integrantes de la “Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla” han realizado marchas, pronunciamientos, y plantones para exigir que acaten las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En noviembre del 2020, grupos feministas realizaron un plantón en las inmediaciones del Legislativo para exigirles a los diputados que se dictaminara y votara la despenalización del aborto.

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El 18 de diciembre de ese año, terminaron con la protesta luego de firmar un acuerdo con la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) para que la discusión se realizara entre el 15 de enero y 15 de marzo de 2021, pero este no se cumplió.

Patricia Olamendi Torres, representante de ONU Mujeres en Centro América, se sumó a las voces que han pedido al Congreso local que no retrase la discusión sobre el aborto al considerar que la ILE es un derecho humano para las mujeres.

Asimismo, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), solicitó a los diputados locales aprobar la despenalización del aborto, ya que con eso se daría cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), con la que cuenta la entidad.

Aborto legal, seguro y gratuito: ¿desde cuándo está en la congeladora?

El 10 de junio de 2019, en el periodo correspondiente a la LX Legislatura, la diputada priista Rocío García Olmedo presentó una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Salud con el fin de garantizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación de forma gratuita y segura.

Con esto, reforzó la propuesta que había presentado con unas semanas de diferencia para reformar el Código Penal y que las mujeres que abortaran pudieran realizar servicio comunitario en lugar de ser encarceladas.

Ésta última se vio opacada con la aprobación en comisiones de la propuesta del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, con la que se fijó como pena máxima un año de prisión a quienes abortaran y abrió la posibilidad de pagar una fianza para evitar ir a la cárcel.

Posteriormente, en noviembre de 2020, la diputada morenista Estefanía Rodríguez Sandoval, entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, sugirió reformar la Ley Estatal de Salud con la intención de que las instituciones públicas de salud sean quienes garanticen el cumplimiento de este derecho.

En junio del 2021, ambas legisladoras presentaron un nuevo paquete de iniciativas para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Puebla, mismas que fueron debatidas y aprobadas en un Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal.

Simulación continua en la LXI Legislatura

El pasado 7 de septiembre de 2021, la SCJN declaró por unanimidad que es inconstitucional penalizar el aborto, pues eso viola “el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir”.

De acuerdo con la determinación, se deben considerar “inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación”.

Derivado de esta determinación, las legisladoras petistas Mónica Silva Ruíz y Nora Yessica Merino Escamilla llamaron a sus compañeros a iniciar con la dictaminación de las iniciativas que se encontraban en la congeladora.

A principios del 2022, los diputados morenistas Carlos Evangelista Aniceto, Daniela Mier Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González y José Iván Herrera Villagómez presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y así legalizar la ILE.

Con la modificación al Artículo 339, el aborto podrá realizarse antes de las primeras 12 semanas de gestación. Además, no se podrá criminalizar al personal médico por esta práctica siempre que sea consensuada y sancionará a quienes obliguen a cualquier mujer a abortar.

Durante el tercer periodo ordinario de sesiones, Mónica Silva Ruíz presentó otro paquete de reformas para lograr la despenalización del aborto, esta vez añadiendo modificaciones a la Constitución del Estado.

Sin embargo, al no alcanzar los consensos necesarios para hacer que el tema llegara a comisiones, y posteriormente se sometiera a votación ante el Pleno, turnó sus propuestas a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado que hasta el momento no han tenido avance alguno.

Destacó que sus proyectos se realizaron desde la sociedad civil, en coordinación con agrupaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que facilitará su aprobación.

En entrevista, el presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López, afirmó que no se han alcanzado los acuerdos necesarios entre las bancadas del Congreso para que el tema del aborto sea discutido en comisiones.

Además, dijo que no podía comprometerse a que el tema sea discutido en los próximos meses, ni siquiera en el transcurso del 2023 y alegó una negativa por parte de los legisladores de derecha.

PAN insiste en defender “las dos vidas” y proteger a “los no nacidos”

El 27 de octubre del 2022, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla con la se intenta proteger los derechos de “las personas no nacidas” y las madres durante la etapa de gestación.

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A pesar de que en el proyecto se considera a “los no nacidos” como seres sujetos de derechos desde la concepción, el diputado Oswaldo Jiménez López afirmó que no quebrantará con los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la criminalización del aborto.

En respuesta, Silva Ruíz presentó una contrapropuesta al calificar la intención del blanquiazul como un “sinsentido” y que el reconocimiento de la vida desde la concepción debía ser eliminado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Este reconocimiento fue un triunfo para la bancada del PAN, pues en 2009, de la mano de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se determinó que el reconocimiento de la vida y la garantía de los derechos de las personas se otorgaba “desde el momento de la concepción”.