El Congreso de Puebla no destinó un presupuesto especial para realizar las consultas ciudadanas a grupos vulnerables, ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); además, los trabajos absorben al personal del área jurídica.  

Así lo confirmó Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), quien señaló que tendrán hasta junio para concluir los trabajos correspondientes a la Ley de Educación estatal y la Ley de Cultura y Desarrollo de los Puebla y Comunidades Indígenas.

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En entrevista, reconoció que la realización de estos trabajos limita las funciones del personal jurídico, ya que “van cambalacheando”, porque una mitad acude a los pueblos y lugares para trabajar en las consultas y el resto de los trabajadores permanece en el Legislativo.  

Detalló que también trabajan en coordinación con la Secretaría de Gobernación, y con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; no obstante, descartó que los trabajos en el Congreso se vean interrumpidos o sea necesario contratar a más personas.

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“Estamos cumpliendo, es una obligación. No ha habido afectación en ningún área, al contrario, se van unos y se quedan otros y así estamos en cambalache. El tema es que no se olviden los temas legislativos”, comentó el presidente del Congreso de Puebla.

Castillo López también aclaró que no existe recursos adicionales o específicos para la realización de estas consultas ciudadanas en Puebla, por lo que, en caso de ser necesario, solicitarán una ampliación presupuestal a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para cumplir con la disposición de la SCJN.

“Nos decían que nosotros, el Congreso, tenemos presupuesto, no es cierto. Lo que se etiquetó se etiquetó. Si no nos alcanza pediremos a la Secretaría de finanzas algún apoyo extra para llevar a cabo las consultas, pero presupuesto no hay en el Congreso del estado”, afirmó el legislador.

Recordó que estos acercamientos con la población se están realizando de una en una y será hasta el mes de julio cuando terminen las primeras dos, para dar paso a la consulta que se necesita para aprobar la  Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Cabe recordar que el 7 de junio del 2022, a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la SCJN impugnó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), así como la Ley de Salud Mental, por no realizar las consultas previas a los grupos vulnerables.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a realizar consultas ciudadanas a las comunidades indígenas sobre las medidas, políticas públicas o decisiones que se tomen en torno a ellas, presupuesto para dichos trabajos que el Congreso de Puebla olvidó etiquetar.