El usuario al que Concesiones Integrales (Agua de Puebla) intentó cobrarle más de 70 mil pesos por 90 periodos de servicio de agua revela que durante seis años no había recibido ni una gota en su domicilio, lo que hizo aún más fundado el amparo que un juez federal le otorgó.

Alejandro no solamente ha pasado por la angustia de ser deudor de un exorbitante adeudo, también ha debido gastar en promedio 500 pesos mensuales desde el año 2017 en la contratación de pipas particulares.

Durante casi seis años buscó que Agua de Puebla hiciera las adecuaciones necesarias para la distribución del líquido en su domicilio, sin embargo, la empresa desestimó su petición.

#AguaDePuebla intentaba cobrarle a un usuario $70,000 por 5 años servicios, presenté demanda de Amparo y el Juez ha emitido la sentencia en la que dice que no es procedente pagar dicha cantidad y NO LE DEBE NADA A AGUA DE PUEBLA.

GANAMOS EL JUICIO DE AMPARO.

ES UN GRAN TRIUNFO pic.twitter.com/Dj1W7Wc1vN

— OMAR JIMENEZ CASTRO (@OMAR_JIMENEZ77) February 9, 2023

La solicitud de Alejandro para recibir el servicio recaía fundamentalmente en que ni siquiera había una toma de conexión de agua a su vivienda en el registro ubicado en la banqueta, a pocos centímetros de su entrada.

Esa situación lo llevó a desistir de seguir intentando adquirir el servicio de Concesiones Integrales (Agua de Puebla), por lo que prefirió ya no contar con él y comprar agua en pipas privadas.

El 13 de junio de 2022 sorpresivamente recibió en su domicilio una boleta en la que se manifestaba un adeudo de 90 meses de periodos sin especificar cantidad a pagar ni conceptos. Junto con la boleta llegó un aviso de Requerimiento Urgente expedido por Marisol Aguilar Sánchez en carácter de responsable de atención ciudadana en la que se le solicitó el pago de cerca de 74 mil pesos en un término no mayor a 24 horas o de lo contrario la cuenta sería remitida al área Jurídica Contenciosa para la aplicación de sanciones, como la restricción del servicio.

Antes de la sentencia definitiva en la que se determinó el amparo al usuario, un juez de distrito había otorgado una suspensión provisional en la que ordenó a Agua de Puebla la reconexión del servicio de manera inmediata y que si estuviera imposibilitada para dicha reconexión, el servicio debía ser proveído a través de pipas o garrafones.

A decir del abogado Omar Jiménez y del propio afectado, a mediados del año 2022 empleados de Agua de Puebla aprovecharon la ausencia de éste para abrir la tapa de registro ubicado a poca distancia de su entrada, hacer una conexión emergente y justificar que sí había conexión a la casa y que sí había servicio de agua.

Cuando Alejandro regresó a su domicilio percibió un ruido que desde hace años no escuchaba.

“¿Un hilito de agua en la cisterna?”, se planteó. Al abrir la cisterna y ver los restos de mangueras y demás material utilizado y abandonado por los empleados en la tapa de registro externa, Alejandro se percató de la maniobra de Agua de Puebla.

El matrimonio no quiere imaginarse cuánto más tendrían que gastar si quisieran lavar su propia ropa en casa. Porque además deben recurrir al servicio de lavandería ante la incertidumbre por la falta del suministro.

“Es más, hoy por la tarde nos toca recibir la pipa que nos va a llenar la cisterna” de 4 mil 500 litros que a Alejandro y su esposa les dura aproximadamente tres semanas.

A decir del abogado y activista que promovió el amparo, Omar Jiménez Castro, esta situación reitera que el debate en torno de las facultades de Concesiones Integrales (Agua de Puebla) sigue abierto.

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Exhorta a que el Servicio Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) aplique sus facultades como dependencia que sí tiene facultades y personalidad jurídica para actos fiscales como lo es el cobro por los servicios prestados por la concesionaria.

Ante lo cual hizo el llamado a la ciudadanía a que en caso de encontrarse en una situación similar a cobijarse al amparo.

“Demostramos el actuar ilegal de Agua de Puebla, toda vez que, al no ser una autoridad, carece de facultades para realizar todos esos actos jurídicos, además de que violan los derechos humanos, atentando contra la integridad física y psicológica de las personas”.