Más de 188.8 millones de pesos pagó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a una empresa ligada a José Antonio Torre Mendoza, uno de los propietarios del helicóptero en el que murieron los exgobernadores de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, así como a Rotor Flight Service S de RL de CV, encargada del mantenimiento de la aeronave.

El 24 de diciembre de 2018 viajaban Alonso Hidalgo, recién nombrada gobernadora de Puebla, y su esposo, Rafael Moreno Valle, entonces senador de la República, en un helicóptero Agusta A-109S. Una falla mecánica provocó el desplome del helicóptero y la muerte de sus cuatro ocupantes, dando inicio a investigaciones tanto locales como federales para resolver las causas del accidente.

La propietaria de la aeronave era Servicios Aéreos del Altiplano SA de CV (SAASA), arrendadora de taxis aéreos de lujo de la administración de Antonio Gali Fayad que costaron hasta 7.6 millones de pesos, y la responsable del mantenimiento del Agusta A-109S fue la empresa Rotor Flight Services.

El 27 de marzo de 2020 el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, presentó el informe final de la caída del helicóptero y dijo que las fallas mecánicas las ignoraron tanto el propietario de la aeronave como la empresa a cargo de su mantenimiento, lo que derivó en el inicio de una auditoría y suspendieron los servicios de ambas empresas.

De forma simultánea a las investigaciones federales, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a nueve posibles implicados en la muerte de los exgobernadores en marzo de 2021. No obstante, consiguieron su libertad tres de los ligados a Rotor Flight Services: los primeros fueron los mecánicos de la aeronave, Israel N. y Miguel N, mientras que el pasado 31 de enero José Antonio N., uno de los propietarios de la compañía, consiguió que su proceso sea fuera de la cárcel.

Con AMLO reciben 189 millones de pesos

Las contrataciones a Grupo Textil Providencia SA de CV y Rotor Flights Services S de RL de CV ocurrieron entre los años 2019 y 2022.

Desde 2019, cuando se investigó a los responsables del cuidado de la aeronave, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Guardia Nacional (GN) y Diconsa SA de CV, lanzaron por lo menos 20 contratos la mayoría por procedimientos cerrados que redujeron la competencia de propuestas por 188.8 millones de pesos que ganaron Grupo Textil Providencia SA de CV y Rotor Flight Services S de RL de CV.

Una de las empresas más beneficiadas por la administración de López Obrador fue Grupo Textil Providencia, con 183.8 millones de pesos en 17 contratos de compras de la Guardia Nacional, y Diconsa, empresa del estado especializada en la distribución de alimentos para población con alta marginación.

Hasta 2017, uno de sus accionistas fue José Antonio Torre Mendoza, actual director general de la textilera, y también tuvo participaciones en SAASA, propietaria del helicóptero.

De la totalidad de compras a Providencia, Diconsa encabezó los pedidos con 16 contrataciones vía adjudicación directa, por lo que la empresa de la familia Torre Mendoza no tuvo competencia para ganar los servicios de compra de “mercancía de bienes para comercializar”. Todas las adquisiciones carecen de versiones públicas de los contratos por 126.8 millones de pesos, lo que impide conocer las cantidades y tipo de productos comprados.

Otro de los beneficiados por la administración de López Obrador fue Rotor Flight Services S de RL de CV, encargada del mantenimiento del Agusta en el que murieron los exgobernadores, pero meses después del accidente aéreo la Conagua le entregó en 2019 y 2020 por lo menos tres contrataciones por más de 5 millones de pesos para el mantenimiento de un helicóptero.

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