En las mismas fechas en las cuales la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a mecánicos y otros empleados del taller a cargo del helicóptero en el que murieron la gobernadora, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, en Estados Unidos familiares de tres de las víctimas presentaron demandas civiles para reclamar indemnizaciones por más de 30 millones de dólares.

Los deudos de la gobernadora, del copiloto Marco Antonio Tavera y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente de Moreno Valle, mantienen juicios en distintas cortes estadunidenses contra las empresas Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International, a las que responsabilizan por el desplome del helicóptero Agusta A109S, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

El 21 de diciembre de 2020 Martha Julia Hidalgo Villafañe, madre de la mandataria; Guadalupe Nancy Canales, esposa de Tavera, y Lourdes Mendoza Hernández, madre de Baltazar Mendoza, iniciaron el caso 2:20-cv-06393-RBS en el Tribunal de Distrito del Este de Pennsylvania contra Agusta Westland Philadelphia Corporation, vendedora de la aeronave en ese país.

En el mismo caso piden responsabilizar a la empresa Leonardo, S.p.A., con domicilio en Roma, Italia, y que fue fabricante, diseñadora y exportadora de la aeronave, así como la encargada de elaborar la Lista Maestra de Equipo Mínimo del Agusta A109S.

En este juicio se acusa a ambas empresas de responsabilidad objetiva, negligencia e incumplimiento de garantías, a partir de lo cual los quejosos reclaman “daños compensatorios y punitivos” por un monto superior a los 255 mil dólares, más intereses, daños por demora, costos, honorarios de abogados y “cualquier otra compensación que el tribunal considere apropiado”.

Ese mismo día 21 las mismas personas acudieron ante la corte estatal de Georgia para demandar a la empresa Precision Aviation Group o Aero Technology, la cual vendió y reparó (en reclamo de garantía) uno de los actuadores de balanceo lineal del helicóptero siniestrado.

En el caso 2020CV02807 los demandantes piden una indemnización de al menos 30 millones de dólares, además de que se cubran gastos funerales, de abogados y costos del juicio, así como cualquier reparación adicional que la corte considere “justa y adecuada”.

La tercera demanda civil fue presentada el 22 de diciembre del mismo 2020 contra Honeywell International, Inc., o Honeywell Aerospace, empresa que diseñó, fabricó y comercializó otro de los actuadores que se presume falló en la aeronave.