La Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cuyos trabajos para formular los dictámenes iniciaron el 25 de octubre en las comisiones de la Cámara de Diputados, es sin duda uno de los temas de análisis por especialistas del país pues de aprobarse podría cambiar el rumbo de la democracia en México, en es este sentido el Decanato de Ciencias Sociales de la  Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) presentó un desplegado en el que señala diversas consideración que a continuación se enlistan.

1.       La desaparición de los OPLES y de los tribunales electorales estaduales permite advertir un centralismo electoral, impropio de una república federal.

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2.       La reducción en el número de consejeros electorales nacionales y la desaparición de los OPLES significaría más carga de trabajo para la autoridad electoral nacional.

3.       El proceso de elección directa en las urnas de los Consejeros Electorales del INEC no garantiza imparcialidad ni independencia, pues dependerá de la voluntad política del pueblo; además, este proceso pasaría de ser un asunto técnico político (como es ahora) a uno eminentemente político, pues los electores no fijarán parámetros técnicos para decidir a quién otorgarán su voto.

4.       La desaparición de los tribunales electorales en los estados es nuevamente un elemento preocupante de centralismo y significaría, además, una enorme carga de trabajo para los magistrados federales, pues, entre otras cosas debido a que muchas elecciones ya están homologadas en sus fechas de realización, se acumularía una enorme cantidad de recursos legales interpuestos por partidos y candidatos al término de los procesos electorales.

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5.       Nuevamente estaría en manos de los electores la designación de quienes fungirían como los 7 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un proceso que debería ser técnico y no político partidista.

6.       Este proceso de elección directa en las urnas de los de los magistrados regionales que impartirán justicia en materia electoral no garantiza imparcialidad ni independencia, pues dependerá de la voluntad política del pueblo.

7.       El abuso que ha habido en el empleo de recursos por parte de los partidos no debe ser pretexto para eliminar el financiamiento público, sino que deben reforzarse los mecanismos de control y buscar una reducción –mas no desaparición- de ese financiamiento público, para evitar que dinero de la delincuencia organizada fluya hacia los partidos y candidatos. Al ser los partidos instituciones de interés público, debe garantizarse, bajo las condiciones que la ley marque y que no se presten a abuso, su existencia en el panorama político del país.

8.       El actual sistema electoral en México tiene la gran ventaja de ser segmentado, es decir, las cámaras de diputados están conformadas por diputados electos por el principio de mayoría relativa –que garantiza una elección directa- y por diputados de representación proporcional –equivocadamente llamados “plurinominales” o “pluris”-, que garantiza una representación lo más fiel posible de la correlación de fuerzas en el electorado. La existencia de diputados de representación proporcional alivia en parte la desproporción que la mayoría relativa provoca, pero consideramos que es positiva la existencia de este último sistema de representación, pues permite la elección directa de los candidatos y propicia la gobernabilidad.

La existencia de 32 circunscripciones pequeñas beneficiará a los partidos grandes y perjudicará a los pequeños (lo cual no es necesariamente malo), pero también puede fortalecer el peso de las cúpulas partidistas, que no son necesariamente proclives a procesos democráticos internos en la selección de sus candidatos.

9.       La reducción en el número de senadores, al eliminarse la figura del senador de representación proporcional es positiva, pues no tiene sentido la existencia de “Senadores de lista”: al ser el senador un representante de su entidad federativa, ¿a qué entidad representan los senadores de lista?

10.     En cuanto a la reducción de miembros de los congresos y de los cabildos, no debemos olvidar que un órgano deliberativo es más representativo si tiene más miembros por cierta cantidad de habitantes, pero también tiende a ser más eficiente si tiene menos. Aquí la pregunta, por lo tanto, sería: ¿Queremos congresos y cabildos más representativos o más eficientes?

Con dicha reforma electoral, al plantear disolver a los OPLES, a los Tribunales Electorales de los Estados y al establecer un INEC con órganos temporales, se prevé que la reforma producirá un ahorro anual de más de 20 mil millones de pesos, a cambio de una estructura endeble y temporal, en donde los consejeros y magistrados electorales serán elegidos por una voluntad política, como lo es la preferencia al partido en el poder.

Por otro lado, la COMISIÓN EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DEL DERECHO (COMISIÓN DE VENECIA) emitió con fecha de 24 de octubre del 2022, una opinión técnica respecto del proyecto de reforma en materia electoral, sosteniendo lo siguiente: “68. Por ello, la Comisión de Venecia formula las siguientes observaciones y recomendaciones: a. Las enmiendas propuestas a la Constitución no ofrecen suficientes garantías de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral. b. El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral (construidos de forma estricta o proporcional). Los miembros de estos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer campaña (presentarse como candidatos en las elecciones directas). c. La creación de un INEC altamente centralizada debería ser reconsiderada …

(1) La democracia moderna es, antes que nada, un sistema antitiránico que busca prevenir la concentración de poder en las manos de una facción o, peor, un caudillo, a través de un sistema de divisiones.

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(2) Una división fundamental, a este respecto, ha sido la creación de órganos autónomos constitucionales, entre los cuales el Instituto Nacional Electoral ocupa un lugar preeminente. El otrora IFE fue, durante muchos años, una de las instituciones que gozó de mayor confianza entre la población. Tal es el profesionalismo de la institución que uno de sus consejeros, Alonso Lujambio, fue integrante del equipo que conformó el sistema electoral en Irak después de la guerra con Estados Unidos. Igualmente, en cada elección cientos de organizaciones nacionales e internacionales vigilan el actuar de la institución, y en ningún caso, desde su creación en 1990, se ha descalificado una elección; todo lo contrario, el IFE/INE ha sido siempre un referente de profesionalismo y transparencia, siendo reconocido en numerosas ocasiones en el mundo entero.

(3) El descrédito que quiere achacarse al INE hoy es resultado no de errores o supuestos fraudes, sino de una campaña de desprestigio orquestada por un grupo político que, en abierta contradicción, quiere hoy destruir la institución gracias a la cual fue posible la transición a la democracia y, por ende, la llegada de dicho grupo al poder.

(4) El recurso plebiscitario tiene límites claros. El sistema representativo funge no sólo como un principio pragmático, permitiendo concentrar voluntades en electorados masivos, sino como un sistema de mediaciones a través de las cuales se previene la llamada tiranía de la mayoría. El plebiscito tiene un carácter fundacional, constituyente, y por ende no puede ser utilizado para todas y cada una de las decisiones políticas. La idea de abrir el nombramiento de jueces o consejeros a voto directo abre la posibilidad de tener instituciones lideradas por caudillos carismáticos antes que por expertos en la materia.

(5) La reforma propuesta quiere, en esencia, fortalecer e incrementar la centralidad y hegemonía del poder ejecutivo frente al resto del entramado institucional de nuestro país.