En todo el estado, entre municipios, instituciones educativas y el gobierno del estado, la Auditoria Superior de la Federación detectó un posible daño a la Hacienda Pública federal de 472 millones de pesos.

Este 20 de febrero la ASF hizo pública la Tercera Entrega del Informe de Resultados de Fiscalización Superior de las cuentas públicas 2023, a fin de que las observaciones por probables daños a la Hacienda Pública federal sean atendidas.

Del total de las observaciones que hizo la ASF 387 millones de pesos corresponden a municipios y el restante al gobierno del estado e instituciones educativas.

Observaciones a los municipios

En cuanto a los municipios se detectaron 387 millones de pesos, lo cual generaron 36 demarcaciones, entre ellos destacaron Puebla y Cuautlancingo porque fueron los que mayores observaciones tuvieron.

La lista de los municipios es la siguiente:

• Puebla - 186,168,025 pesos (Participaciones a Municipios)
• Chiautzingo - 1,495,977,000 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Chignautla - 1,896,450,000 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Cuautlancingo - 45,549,695 pesos (Participaciones a Municipios)
• Tehuacán - 19,752,913 pesos (Participaciones a Municipios)
• Acajete - 18,188,863 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Atempan - 12,673,384 pesos (Infraestructura Social Municipal)
• Tecamachalco - 8,250,482 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Amozoc - 9,461,904 pesos (Participaciones a Municipios)
• San Matías Tlalancaleca - 6,798,175 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Quecholac - 6,656,846 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Altepexi - 5,925,877 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Vicente Guerrero - 5,565,975 pesos (Participaciones a Municipios)
• Juan C Bonilla - 5,044,790 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Huaquechula - 4,619,020 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Huejotzingo - 4,719,516 pesos (Participaciones a Municipios)
• Acatzingo - 4,204,561 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Cuetzalan - 3,991,888 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Nopalucan - 3,849,290 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• San Salvador el Verde - 3,420,000 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• San Pedro Cholula - 3,345,154 pesos (Participaciones a Municipios)
• Chichiquila - 3,164,049 pesos (Participaciones a Municipios)
• Tlatlauquitepec - 2,200,000 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Libres - 1,935,906 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• San Martín Texmelucan - 1,599,930 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Tepeaca - 1,531,873 pesos (Participaciones a Municipios)
• Ocoyucan - 1,486,963 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Tehuacán - 1,731,932 pesos (Infraestructura Social Municipal)
• Chilchotla - 2,489,933 pesos (Infraestructura Social Municipal)
• Huehuetla - 2,392,950 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Xiutetelco - 571,880 pesos (Participaciones a Municipios)
• Izúcar de Matamoros - 798,582 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• Zautla - 908,009 pesos (Fortalecimiento de Municipios)
• San Martín Texmelucan - 1,113,600 pesos (Participaciones a Municipios)
• San Martín Texmelucan - 477,674 pesos (Infraestructura Social Municipal)
• Huauchinango - 427,419 pesos (Participaciones a Municipios)

Salud debe aclarar contrato de 69.9 milones

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2023 el Gobierno del estado entregó de forma directa un contrato para la adquisición de equipamiento y ampliación para la unidad de oftamología del Hospital General de Cholula cuando las normas solicitaron que se hiciera por un concurso de licitación pública.

La empresa que obtuvo el contrato fue Móvil Infra Technology S.A.P.I de C.V.; la constructora de Ciudad de México recibió un pago de 69.9 millones de pesos.

De acuerdo al pliego de observaciones 2023-A-21000-19-1612-06-001 P, el gobierno del estado no presentó la documentación necesaria para aclarar por qué otorgó el contrato SSEP/DRM/GESADF-006-754/041/2023, que corresponde a la adquisición de equipamiento para el fortalecimiento y ampliación de oftalmología en el Hospital General de Cholula.

La información solicitada se debe a que el gobierno del estado entregó de forma directa el contrato y no lo hizo mediante un concurso de licitación donde tuvieron que participar por lo menos tres empresas que pudieran suministrar la unidad oftalmológica de dicho nosocomio.

La empresa que se quedó con el contrato

De acuerdo con el contrato que fue expuesto en la Plataforma Nacional de Transparencia la empresa que recibió el contrato fue Movil Infra Technology S.A.P.I de C.V.,proveniente de la Ciudad de México.

Esta empresa incluso recibió dos contratos de forma directa en el año 2023 por el gobierno del estado, el primero para la adquisición del equipo médico ecocardiógrafo en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, además de la ampliación de la unidad de oftamología.

La empresa está conformada por Víctor Manuel Rivera Valdres, presidente de la compañía y por María del Rosario Baldomero Herrera, quien es socia y secretaria del consejo administrativo de la razón social de acuerdo con el Registro Público de Comercio (RPC)

ASF detecta 75.9 millones de pesos

La ASF solicitó al gobierno del estado aclarar 75.9 millones de pesos de los cuales el 90 por ciento pertenecen a programas de salud que aplicó el ejecutivo en el año 2023.

Las irregularidades que se observaron en los cuatros programas son los siguientes:

• Programa de Atención a la Salud: 69 millones 984 mil 691 pesos
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud: 4 millones 878 mil 600 pesos
• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral: 422 mil 193 pesos
• Servicios de Asistencia Social Integral: 691 mil 224 pesos

De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación en 2023 se realizó el programa Fondo de Aportación de Servicios de Salud por 4.8 millones de pesos debido a que no se autorizó el pago de este monto a través de monederos electrónicos de vales de despensa.

Otro monto por aclarar pertenece al Programa de Atención en Salud y Medicamentos Gratuitos por un monto de 422 mil 193 pesos, el cual pertenece a pagos de servidores públicos que no tenían los cargos académicos requeridos para cubrir los puestos, según la entidad fiscalizadora.

Los gobiernos deberán aclarar las siguientes observaciones en un periodo de 30 días a fin no caer en posibles daños a la Hacienda Pública federal. (CR)