El coordinador de los diputados locales del PRI, Jorge Estefan Chidiac, presentó su versión de la denominada “Ley Ingrid” para imponer hasta 15 años de cárcel por compartir imágenes, audios, videos o información reservada, indicios o evidencia de víctimas de violencia física o sexual.

La iniciativa plantea revivir el artículo 422 que fue derogado en 2012 del Código Penal de Puebla, con el objetivo de imponer de 4 a 10 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que va de los 48 mil 110 a 96 mil 220 pesos, por las siguientes razones:  

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Al que por cualquier medio fotografíe, videograbe, reproduzca, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.

Las sanciones se incrementarán hasta en un 50 por ciento (de 6 a 15 años de prisión) cuando se trate de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o el estado de salud de mujeres, niños, niñas o adolescentes, con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares.

Propone destitución definitiva de servidores públicos  

El priista propuso sancionar con las mismas penas al servidor público que cometa este delito, así como su destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La Ley Ingrid fue presentada el 26 de mayo por la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, pero no ha sido dictaminada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso.

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En ese entonces propuso imponer de 4 a 10 años de prisión, así como multa de 100 a 150 UMAS, que va de los 9 mil 622 a 14 mil 433 pesos.

La Ley Ingrid tomó ese nombre tras el asesinato de Ingrid Escamilla, una joven originaria del municipio de Juan Galindo, Puebla, que vivía en Ciudad de México con su pareja Erick Francisco, quien la asesinó el 9 de febrero de 2020 y ya fue sentenciado con la pena máxima de 70 años de prisión.

El 23 marzo la Cámara de Diputados modificó el Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información de la investigación penal o circunstancias del delito. Las sanciones son de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 150 días de salario.