Más de una treintena de iniciativas de reforma en materia de prevención de la violencia contra las mujeres tiene pendientes de resolver el Congreso del estado de Puebla

La más antigua de esas propuestas se presentó al pleno el 29 de octubre de 2018 y se trata de una modificación para reconocer la violencia digital como un tipo de agresión con perspectiva de género, que se encuentra en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales,  de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género.

En noviembre de ese mismo año se produjeron otras dos propuestas: la primera permitiría difundir campañas de concientización de la participación de los hombres en el cuidado de los hijos y la otra en temas de participación de las mujeres con óptica de emprendimiento. Ambas están en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de acuerdo con una nota del diario 24 Horas Puebla.

En enero de 2019  se presentó una reforma para garantizar la paridad de género en el Poder Judicial, la cual se envió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia; poco después ingresó a Gobernación y Puntos Constitucionales una relacionada para privilegiar a las mujeres con discapacidad.

También hay una propuesta para tipificar la discriminación por diversas causas; la armonización en materia de segregación por embarazo, así como actualizar la definición de los diversos tipos de violencia y facilitar órdenes de protección de naturaleza civil o familiar.

Dos de las iniciativas que se presentaron en dos ocasiones son: la reforma para despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias y el matrimonio igualitario que es reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero que se desechó.

En los primeros dos meses de 2020, 13 propuestas en la materia se han presentado ante el Pleno del Congreso local, de las cuales 11 siguen en análisis y sólo a dos se les dio entrada para su aprobación.

Entre ellas se encuentran reformas para evitar la violencia política de género; derecho a la vivienda y abandono de mujeres embarazadas; se está a la espera de que el acoso callejero sea una conducta penada como otras más donde se atenta contra las féminas.

La última que ingresó fue la denominada Ley Ingrid que busca reformar el Código Penal para que sea más severa la sanción contra funcionarios públicos que difundan imágenes de víctimas de algún delito que es investigado.