Cuatro de los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se oponen a quitar la prisión preventiva oficiosa, adelantaron durante la discusión de la propuesta al argumentar que no cuentan con facultades para cambiar la Constitución.

Los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara, así como las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, fueron quienes se posicionaron contra la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México.

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Lo anterior porque argumentaron que la SCJN carece de facultades para reformar la Constitución, específicamente el artículo 19.

Sin embargo, estos cuatro ministros coincidieron en que es inconstitucional considerar la evasión fiscal una amenaza a la seguridad nacional luego de una reforma para que sea castigado este delito con prisión preventiva.

La ministra Luis María Aguilar, quien hizo la propuesta, explicó que únicamente abarca la prisión preventiva oficiosa, pues la prisión preventiva aún se podrá aplicar únicamente si los jueces tienen suficiente evidencia para declarar que quienes son señalados de cometer ciertos delitos que signifiquen un riesgo para la sociedad.

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Y es que la prisión preventiva oficiosa se dicta cuando se cometen ciertos delitos como feminicidio, defraudación fiscal, abuso sexual y en otros casos similares.

No obstante, los ministros y ministras que se opusieron a eliminarla dijeron que aunque no es una medida “deseable”, es necesaria para darles seguridad a la sociedad y víctimas de los delitos antes mencionados.

De esa manera, se justificó que quitar la prisión preventiva oficiosa sería dejar a merced a bandas delincuenciales y al crimen organizado, y de eliminar la prisión preventiva oficiosa se pondría en peligro tanto a la sociedad como a autoridades encargadas de perseguir los delitos.