El activista y abogado Omar Jiménez Castro, informó que un juez de distrito le otorgó a una usuaria la suspensión definitiva para que la empresa “Agua de Puebla” la saque del buró de crédito.

En rueda de prensa, el activista explicó que el juez declaró como ilegal el proceder de la empresa y le otorgó la suspensión definitiva, por lo que su historial crediticio deberá ser restaurado.

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Expuso que el amparo contra Agua de Puebla fue interpuesto porque en meses anteriores la usuaria iba a solicitar un crédito a una institución financiera, sin embargo, le fue negado debido a que estaba en buró de crédito, por un supuesto adeudo de más de 12 meses en el servicio de agua potable, mensualidades que alcanzan los 8 mil pesos.

Jiménez Castro mencionó que la demanda de amparo está sustentada en tratados internacionales, tomando como base el derecho a vivir con libertad, con dignidad y a una buena reputación, sustentando que Agua de Puebla no es autoridad para tomar atribuciones fiscales.

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Indicó que aún no termina el caso, pues tienen pendiente la audiencia constitucional, en la cual se deben presentar más pruebas en contra de la firma y demostrar que usurpó funciones, en donde argumentará como ilegales las tarifas de cobro.

“La sorpresa que nos llevamos es que el juez no declaró la suspensión provisional, pues declaró la suspensión definitiva, esto significa que el juicio apenas está iniciando por ellos, vamos a ir a una audiencia constitucional donde en un mes vamos a aportar pruebas y vamos a demostrar que está usurpando funciones Agua de Puebla donde se embiste cómo la figura de SOAPAP, esto quiere decir que estamos dejando un precedente, por lo que el juicio se tiene ganado en 70 por ciento”, expuso.

El activista comentó que también interpondrán una demanda civil por el daño moral contra la usuaria, por lo que implicaría para la firma un pago de mil días de salario mínimo, es decir, alrededor de 172 mil pesos.  

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Finalmente, expuso que el próximo lunes presentará otro amparo contra Agua de Puebla por el mismo tema, pues a otra usuaria le están cobrando cerca de 18 mil pesos, esperando que el juez les otorgue suspensión provisional o definitiva en un periodo de un mes.