El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que la inseguridad en México ha enfriado la inversión extranjera.

Tras una reunión con empresarios mexicanos, el diplomático destacó que se deben conseguir resultados en materia de seguridad, por ser el tema más relevante en la relación bilateral.

La reunión fue en su residencia con un grupo de empresarios encabezados por Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México y Antonio Del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, quienes le expresaron sus preocupaciones respecto a este tema y él reconoció el impacto que tiene la inseguridad en las inversiones.

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Esto luego de los hechos de violencia que se presentaron en los últimos días, y colocaron a 6 entidades en foco rojo (Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Colima y Zacatecas) por dejar más de 260 muertos y decenas de heridos y, a donde se pide no viajar por los niveles de violencia de otros 7 estados que están en color naranja, de precaución.

Ante ello, el diplomático advirtió que, aunque este tipo de actos no deben ser considerados como terrorismo, pero provocan miedo en la población e inhiben la inversión.

Apuntó que esta situación va en contra de lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a que la inseguridad es un factor que afecta cuando se trata de promover la inversión y dar certeza a los empresarios.

Por ello propuso que para mejorar el nivel de seguridad se necesita un diálogo y esfuerzo con el sector privado, la sociedad civil, la academia y la iglesia.

De igual manera, el embajador recordó la Declaración que mantuvo el presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de julio en Washington, donde se reafirmó el compromiso de trabajar en conjunto y prosperar en temas de seguridad para combatir el crimen organizado, el tráfico de personas, armas y drogas.

Desde este compromiso, reiteró el respaldo de la Unión Americana para apoyar a los estados, municipios y al propio gobierno en la implementación de programas que promuevan mejores condiciones de seguridad.