La Corte Suprema de Estados Unidos avaló que el presidente Joe Biden, ponga fin al programa “Quédate en México”, política migratoria implementada por su predecesor Donald Trump para obligar a decenas de miles de migrantes a permanecer en México mientras esperan sus audiencias sobre solicitudes de asilo.

Tras un fallo de 5 a 4 las autoridades judiciales determinaron que Biden actuó correctamente al tratar de poner fin a la política de Trump, luego de que Texas y Missouri, estados gobernados por republicanos, demandaran mantener el plan formalmente conocido como Protocolos de Protección de Migrantes.

Los jueces concluyeron que el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, se equivocó al considerar que la ley federal de inmigración exigía enviar a los migrantes de vuelta a México si no había espacio suficiente para detenerlos en Estados Unidos.

El fallo es una victoria para Biden quien argumentó que los funcionarios federales pueden liberar a muchos de los solicitantes en el país mientras esperan las audiencias, implementando un enfoque más "humano" y cumpliendo así una de sus promesas de campaña de eliminar el programa.

Cuando asumió el cargo buscó terminar con la política, sin embargo, en octubre de 2021 un tribunal de Texas apeló para reinstaurarlo, por lo que la Corte Suprema obligó a la administración a reiniciar el programa, posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó la decisión, dándole una base legal más sólida.

En 2018 el gobierno de Trump adoptó la política la cual entró en vigor en 2019 y provocó que 68 mil migrantes no mexicanos, incluidos solicitantes de asilo que temían ser perseguidos en sus países de origen, deberían quedarse en México mientras esperaban la resolución de sus casos.

Asociaciones de defensa de los migrantes, estiman que la política expone a los solicitantes de asilo a condiciones precarias y situaciones peligrosas en la frontera, luego de que el flujo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, aumentara tras las promesas de Biden de una política migratoria “justa y humana”.

Sin embargo, aún permanece el “Título 42”, una medida que permite a los agentes de la patrulla fronteriza deportar de manera inmediata a los solicitantes de asilo, bajo el argumento de un riesgo sanitario por la pandemia de coronavirus.