La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que el gobierno de Puebla incurrió en subejercicios e incumplió parcialmente las metas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), pues en 2021 aumentó 4.9 por ciento la incidencia de los delitos de alto impacto, con respecto al año anterior.

En la primera entrega de la Cuenta Pública 2021, publicada este jueves, el órgano de fiscalización ventiló que el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Cecsnsp) devolvió a la Tesorería de la Federación 7 millones 761 mil pesos, que por algún motivo no utilizó, a pesar de la creciente inseguridad en la entidad.

En total el estado recibió del FASP 251 millones 507 mil pesos el año pasado, pero hasta el 31 de diciembre había comprometido únicamente 243 millones 745 mil pesos.

Para la profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública se asignó un presupuesto de 83 millones 781 mil pesos, de los cuales solo se usaron 77 millones 264 mil.

En el equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública se destinaron 107 millones 289 mil pesos, y en el Sistema Nacional de Información otros 51 millones 810 mil pesos.

Incumplen metas

La ASF exhibió además que Puebla cumplió parcialmente con los objetivos del FASP, porque la incidencia delictiva aumentó 4.9 por ciento.

Incluso detalló que el robo a transeúnte, robo a negocio, robo a casa habitación y lesiones son los delitos que presentaron cambios significativos respecto a 2020.

A esto sumó que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en la tasa de policías estatales por cada mil habitantes, ya que tiene 1.4 y la tasa nacional es de 1.8 policías.

Además, destacó que en un año el estado solo incrementó 104 elementos a la Policía Estatal y cerró el año con 7 mil 156.

En cuanto a la formación, capacitación y actualización de los elementos policiales, la auditoría evidenció solo se capacitó al 9.6 por ciento de los mil 163 uniformados que laboran en los centros de adaptación social, y al 27.2 por ciento de los mil 912 adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por otra parte, la ASF señaló que el gobierno del estado no destinó recursos para un programa “de prioridad nacional”, denominado Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ni al de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.