El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta planteó castigar con cárcel la operación irregular de notarías y centros de atención mental y adicciones, conocidos como anexos, tras los hechos delictivos que se han registrado.

El mandatario envió al Congreso local dos iniciativas sobre estos temas para reformar el Código Penal del Estado, la Ley de Salud Mental del Estado de Puebla y la Ley del Notariado.

Castigos a notarios

En el caso del notariado, se detalla que se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien al frente de notaría no desempeñe personalmente sus funciones y su actividad notarial, actúe en folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial, o que los mismos no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial.

También para quien provoque dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios; impida que se lleven a cabo las visitas ordinarias, extraordinarias, inspección o especiales o permita la suplantación de su persona, firma o sello.

La misma pena será para quien omita identificar dentro del instrumento notarial la forma en que se pague la transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente de 14 mil 417 UMAs, o las que por disposición regulan actos u operaciones relacionados con recursos de procedencia ilícita.

También se aplicará esta pena para quien omita agregar al apéndice de los instrumentos copia o impresión de las transferencias bancarias o cheques por el pago de las operaciones traslativas de dominio o constitución de derechos reales de inmuebles, e incumpla con el pago de los impuestos y derechos que se otorguen conforme a la normatividad aplicable.

En el caso de las multas, para este año irían desde los 9 mil 662 pesos y hasta los 48 mil 310 pesos, considerando el valor de la UMA de este año.

Penas por anomalías en anexos

Sobre los anexos, Barbosa Huerta propuso imponer de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 UMAs a quien preste servicios de atención a la salud mental y adicciones en un establecimiento, sin cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable.

Es decir, la multa iría desde los 4 mil 831 pesos y hasta los 19 mil 324 pesos.

Entre las reglas que deberán seguir quienes operen estos establecimientos, se encuentran que el personal debe actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la atención, además de que deberán tener capacitaciones sobre su labor.

El personal también deberá contar con cédula y título profesionales como médica o médico, psicóloga o psicólogo, psiquiatras y, en su caso, certificados de especialización vigente en materia de salud mental, expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, mismas que deberán estar a la vista, con la finalidad de que el usuario corrobore que son especialistas en la materia de salud mental y adicciones.

Desde mayo de este año el mandatario estatal anunció una regulación para los anexos, al denunciar que en estos lugares había privación ilegal de la libertad, tortura y otras violaciones a derechos humanos.

Esto luego de que una joven de 24 años decidió suicidarse la madrugada del 17 de mayo en un anexo en el que se encontraba para su rehabilitación, en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Puebla.