El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta restó importancia a la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el caso de Coyomeapan, luego de que advirtió posibles ejecuciones extrajudiciales, pero aseguró que su gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) colaboran en la investigación.

“La intervención del Alto Comisionado o de parte de la ONU ya no es nueva. Se ha estado colaborando con ellos desde la FGE y el gobierno de estado cumple, lo que ofrecimos nosotros de entregar toda la información es nuestra obligación y colaborar con todo lo que esté de nuestra parte”, declaró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en la conferencia de prensa de este viernes.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 3, 2022

El miércoles la oficina en México del Alto Comisionado emitió un comunicado exigiendo a la FGE investigar la ejecución de tres pobladores de Coyomeapan, uno de ellos menor de edad, de manera completa, exhaustiva e independiente, mientras que al gobierno de Barbosa Huerta demandó otorgar protección a las personas heridas y a las familias de quienes murieron.  

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, expuso que “este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal" y recomendó al estado mexicano respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de la comunidad nahua de Coyomeapan.

ONU-DH llama a esclarecer los hechos violentos contra integrantes de la comunidad de Coyomeapan, Puebla  https://t.co/B8zpPPFSMs pic.twitter.com/MoYc7uNX98

— ONU-DH México (@ONUDHmexico) June 1, 2022

Respecto a la movilización de los pobladores de Coyomeapan que se dieron cita en el sanatorio Sagrado Corazón de Tehuacán para evitar que los dos docentes dados de alta fueron aprehendidos por la FGE, el ejecutivo estatal mencionó que nunca se tuvo la intención de detenerlos, pero están en todo su derecho de expresarse de esta forma.

Lauro Gil Arguelles y Marco Antonio Solís resultaron heridos de gravedad en la emboscada del 9 de mayo y ayer salieron del hospital; sin embargo, ambos tienen órdenes de aprehensión vigentes y cerca de mil pobladores llegaron para evitar el cumplimiento de las mismas.

“Tenían la preocupación de que fueran detenidos, no fue así. Al contrario, la salida del hospital la coordinó la FGE y la propia Policía Estatal, nunca se tuvo la intención de retenerlos o detenerlos”, afirmó el mandatario.